Las pruebas de detección de drogas son herramientas ampliamente utilizadas en ámbitos laborales, clínicos, deportivos y judiciales. Habitualmente, el proceso comienza con la obtención de una muestra de orina, aunque también pueden analizarse saliva, sangre o cabello.
En muchos protocolos, la muestra se divide en dos partes: una se utiliza para el análisis inicial y la otra se conserva para confirmar resultados o descartar posibles errores. Sin embargo, un resultado positivo no siempre implica consumo de drogas ilícitas.
Juan Videla, máster en salud mental de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, explica que “en toxicología, esta situación se conoce como falso positivo, un fenómeno en el que la prueba detecta una sustancia que en realidad no está presente. Esto puede ocurrir debido a la interferencia de determinados medicamentos de uso habitual, suplementos nutricionales e incluso algunos alimentos. La explicación radica en la denominada reactividad cruzada”.
Prueba y error
Los test más utilizados, conocidos como inmunoensayos, identifican compuestos químicos mediante anticuerpos diseñados para reconocer determinadas estructuras moleculares. “Cuando un medicamento presenta una composición similar a la sustancia buscada, el examen puede interpretarlo erróneamente como una droga de abuso. Entre los fármacos asociados a este fenómeno se encuentran algunos antidepresivos, como la sertralina y el bupropión, que en determinadas circunstancias pueden generar resultados compatibles con benzodiacepinas o anfetaminas”, detalla el experto.
También se han descrito interferencias con antihistamínicos como la difenhidramina, descongestionantes que contienen pseudoefedrina, jarabes para la tos con dextrometorfano y ciertos antiinflamatorios, entre ellos ibuprofeno y naproxeno. Por esta razón, un resultado inicial debe considerarse únicamente como un hallazgo presuntivo.
Reconfirmar el resultado
Ante un resultado positivo, la recomendación es realizar pruebas confirmatorias más específicas y precisas, capaces de distinguir entre un medicamento legítimamente prescrito y una sustancia ilícita.
“Desde la perspectiva de la salud pública, resulta fundamental que las personas informen los tratamientos que utilizan antes de someterse a estos controles. Una adecuada interpretación clínica, acompañada de una historia farmacológica detallada, permite proteger tanto la precisión diagnóstica como los derechos de quienes se someten a estas pruebas”, concluye Videla.
