El pasado 11 de julio, un trabajador social, de 38 años, fue detenido en flagrancia por la Policía de Investigaciones (PDI) por almacenar y distribuir material pornográfico infantil.
El imputado era parte de Programas de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil de una reconocida fundación, por lo que mantiene contacto directo con las familias y menores víctimas de abusos sexuales, violencia intrafamiliar.
Detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen dieron cumplimiento a una orden que emanó la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para allanar un domicilio ubicado en la comuna de Independencia.
Durante el operativo fueron incautados tres celulares, un notebook y un disco duro externo, todos de propiedad del sujeto.
“Logramos determinar que hubo 63 archivos distribuidos, pero además en sus dispositivos hay almacenados cerca de 250 videos“, declaró el inspector Nicolás González, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana.
¿Cómo se originó la denuncia?
De acuerdo al inspector González, la madre de una menor de 14 años fue quien realizó la denuncia contra el hombre, ya que mantenía conversaciones de índole sexual.
“Esta persona habría contactado a la afectada a través de mensajes por redes sociales y otras plataformas, e incluso habría concretado un encuentro presencial“, señaló el funcionario de la PDI.
Junto a lo anterior, comentó que “la Fiscalía Centro Norte evacuó diligencias para poder determinar la individualización del imputado, realizando así la entrada y registro al domicilio, donde se encontraron dispositivos de almacenamiento digital en los que, mediante análisis forense, se constató el almacenamiento de material pornográfico infantil“.
El operativo culminó con la detención del imputado, por los delitos de almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil, sin embargo, la PDI sigue trabajando en el análisis del material encontrado, con el objetivo de descartar que también exista producción de contenido.
El hombre, de nacionalidad chilena, cuyo perfil profesional muestra que lleva más de 10 años ligado al trabajo con niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad, quedó en prisión preventiva durante los 80 días de plazo para la investigación.
