El Consejo de Defensa del Estado (CDE) valoró la sentencia del Séptimo Juzgado Civil de Santiago que rechazó una demanda presentada contra el Estado por daños ocurridos durante el estallido social.
La acción fue interpuesta por 35 locatarios del sector Plaza Baquedano.
Demanda por daños y pérdidas
Los demandantes acusaron falta de servicio del Estado tras sufrir saqueos, vandalismo y destrucción de sus locales desde octubre de 2019. Además, señalaron pérdidas económicas al no poder operar ni arrendar sus negocios.
El tribunal concluyó que no es posible atribuir responsabilidad al Estado. Esto, considerando la magnitud de los hechos, con más de 19 mil eventos de violencia registrados a nivel nacional.
Argumentos del fallo
La resolución indicó que la obligación del Estado en estos casos es de medios y no de resultado. También señaló que, dada la magnitud de la crisis, era imposible evitar cada hecho delictual.
El tribunal determinó que no se configura la falta de servicio necesaria para responsabilizar al Estado. Con esto, se descartó cualquier indemnización por los daños reclamados.
