Este 15 de noviembre se cumple un año desde la promulgación de la Ley de Usurpaciones, que endurece las penas por ocupación ilegal de inmuebles. En este contexto, el presidente del Gremio de Agricultores, Sebastián Naveillán, destacó la relevancia de la normativa para la seguridad en la Macrozona Sur y reiteró el llamado a los propietarios a denunciar casos de usurpación.
“Hacemos un llamado a todos los dueños de los predios para que realicen sus denuncias por usurpación. Necesitamos que todas las hectáreas estén produciendo alimentos en Malleco. Cada dueño de un inmueble que esté usurpado debe denunciar para que el predio sea devuelto a su propietario y vuelva al sistema productivo”, señaló Naveillán, quien agradeció a los parlamentarios que impulsaron esta ley.
Avances y limitaciones de la normativa
La Ley de Usurpaciones, aprobada con 14 modificaciones del Gobierno, eliminó la figura de la legítima defensa privilegiada y estableció la flagrancia permanente solo para las fuerzas policiales, evitando la autotutela de los civiles. Las penas actuales varían según la gravedad del delito:
- Hasta 5 años de cárcel por usurpaciones violentas.
- Hasta 3 años por usurpaciones con daños materiales.
- Hasta 541 días o multa por usurpaciones sin violencia.
Según el Observatorio Judicial, entre 2018 y 2023 se ingresaron 211 causas relacionadas con usurpaciones en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Sin embargo, solo en el 58% de los casos se conoce la identidad de los imputados, mientras que el resto se presentó contra personas no identificadas.
El respeto a la propiedad privada como base democrática
Naveillán fue enfático en señalar que el respeto a la propiedad privada es fundamental para la estabilidad del país. “El respeto de la propiedad privada es la base para una democracia sana. Toda persona que violente este derecho debe ser condenada”, subrayó el líder gremial.
Con esta ley, la Macrozona Sur busca garantizar mayor seguridad para los propietarios afectados por ocupaciones ilegales y promover el retorno de los predios usurpados a sus legítimos dueños.
