La nueva Ley N°21.659 de Seguridad Privada y su reglamento, el Decreto N°209, ya están vigentes y plantean importantes desafíos para las empresas durante 2026.
La normativa regula actividades como el depósito y transporte de objetos peligrosos, instalación de sistemas electrónicos, asesorías en seguridad y otras medidas preventivas.
Más de 60 mil trabajadores involucrados
A marzo de 2025, existen 54.209 guardias de seguridad y 7.104 vigilantes privados acreditados en el país. En total, más de 60 mil trabajadores podrían verse impactados por la nueva regulación. Además, la ley introduce nuevas obligaciones para empresas que requieran servicios de seguridad privada.
Será la Subsecretaría de Prevención del Delito la encargada de determinar qué entidades deben contar obligatoriamente con seguridad privada.
Para ello, evaluará factores como localización, concurrencia de público, funciones estratégicas o almacenamiento de objetos peligrosos. Las entidades catalogadas como de alto riesgo deberán contar con vigilantes privados armados.
Multas y cumplimiento
La normativa establece infracciones gravísimas, graves y leves. Entre ellas, presentar antecedentes falsos o no entregar oportunamente el estudio de seguridad exigido.
Expertos recomiendan a las empresas revisar sus sistemas y asegurar que cumplan con los nuevos estándares, incluyendo interoperabilidad para la transmisión de información a autoridades.
