La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes la idea de legislar sobre el proyecto que regula la pensión vitalicia que reciben los expresidentes de la República, lo que podría afectar directamente a Gabriel Boric, actual mandatario, quien dejaría La Moneda con menos de 40 años. La iniciativa fue respaldada por 8 votos a favor y 5 abstenciones.
El texto aprobado fusiona once proyectos previos y toma como base el presentado por la diputada Pamela Jiles (Ind.), quien ha impulsado limitar este beneficio. La norma establece que los expresidentes solo podrán recibir la dieta si tienen más de 65 años en el caso de los hombres y 60 en el de las mujeres. En concreto, señala que solo quienes cumplan con ese requisito “podrán solicitar una pensión vitalicia equivalente a la dieta señalada en el artículo 62 de esta Constitución, excluyendo de ella las asignaciones”.
Los votos a favor fueron de: Pamela Jiles (Ind.), Miguel Ángel Calisto (Demócratas), Lorena Fries (Convergencia Social – FA), Marcos Ilabaca (PS), Andrés Longton (RN), Javiera Morales (CS – FA), Luis Sánchez (Republicanos), y Nathalie Castillo (PC).
Se abstuvieron: Raúl Leiva (PS), Jaime Mulet (FRVS), Leonardo Soto (PS), Gustavo Benavente (UDI), Jorge Alessandri (UDI)
Asignaciones bajo la lupa
Uno de los focos de discusión en la comisión fue el mecanismo de pago de la dieta y el alto monto de las asignaciones. Actualmente, los expresidentes reciben $7.348.983 mensuales como dieta, pero además perciben $1.809.561 para traslados y $8.337.411 para funcionamiento de oficinas, montos pagados por el Senado.
Un informe de la fiscalía del Senado, firmado en junio, inicialmente señalaba que estas asignaciones no se ajustaban a derecho. Sin embargo, días después, el mismo órgano se retractó y estableció que sí serían legales, lo que provocó molestia entre parlamentarios oficialistas y de oposición, que piden mayor claridad y transparencia sobre estos pagos.
Desde el oficialismo acusaron que el proyecto podría tener un sesgo político. El diputado Leonardo Soto (PS), uno de los que se abstuvo, apuntó que “esto afecta directamente al actual presidente y debe discutirse con responsabilidad de Estado“.
La iniciativa ahora deberá avanzar en su discusión en particular, etapa donde se definirán detalles como el órgano pagador, los topes de edad, el rol de las asignaciones y el eventual fuero que podrían mantener los exmandatarios.
