Los diputados Frank Sauerbaum y Carla Morales en representación de la bancada de diputados RN, enviaron una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric,rechazando sus declaraciones a propósito del reciente fallo judicial que absolvió al ex funcionario de Carabineros Claudio Crespo del caso Gustavo Gatica.
En la misiva, los parlamentarios advierten que “resulta grave e impropio del cargo presidencial que el Jefe de Estado cuestione públicamente una resolución judicial concreta, toda vez que ello independencia del Poder Judicial y la correcta separación de poderes, pilares esenciales del Estado de Derecho”.
Uno de los puntos centrales de la carta señala que: “Consideramos profundamente inapropiado y peligroso para el orden constitucional que el Presidente de la República se pronuncie de manera crítica sobre una decisión judicial concreta. El Poder Judicial, en ejercicio de sus competencias exclusivas, absolvió a un imputado tras un proceso oral, cuyo veredicto corresponde al ámbito jurisdiccional y no al juicio político del Ejecutivo.”
Asimismo, los jefes de bancada subrayan que este tipo de declaraciones “debilitan la confianza pública” en las instituciones, especialmente cuando provienen de quien tiene la responsabilidad constitucional de resguardar la integridad de todos los poderes del Estado. En ese sentido, recalcan “que el Jefe de Estado cuestione o lamente un fallo específico desde el púlpito presidencial envía un mensaje preocupante sobre la separación de poderes y la percepción de autonomía de los tribunales.”
La carta también recuerda de manera expresa el mandato constitucional contenido en el artículo 76 de la Constitución, enfatizando que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden revisar ni cuestionar el contenido de las resoluciones judiciales, advirtiendo que las declaraciones del Mandatario colisionan frontalmente con dicha norma.
Los diputados además emplazaron al Presidente Boric a “moderar sus declaraciones públicas, a abstenerse de emitir juicios sobre fallos jurisdiccionales y a retomar una conducta acorde a la altura institucional que exige la Jefatura de Estado, especialmente en la etapa final de su mandato”.
Desde la bancada de Renovación Nacional recalcaron que e”l respeto irrestricto a la independencia de los tribunales no es una opción política, sino una obligación constitucional”, y advirtieron que relativizar este principio “solo contribuye a la polarización, al debilitamiento institucional y a la erosión de la convivencia democrática”.
