Una circular de la Superintendencia de Educación, fechada el 23 de diciembre, desató controversia al ordenar que todos los establecimientos del país incorporen un enfoque de género en sus reglamentos internos. El documento, de 69 páginas, establece este criterio como eje transversal en normas y medidas que afecten a las comunidades educativas.
La instrucción señala que los reglamentos deben reconocer explícitamente a mujeres y diversidades sexogenéricas, promoviendo un lenguaje inclusivo y la erradicación de estereotipos.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, defendió que la Superintendencia tiene facultades para interpretar la normativa, aunque afirmó que el diálogo corresponde principalmente con los sostenedores.
Desde la oposición, parlamentarios acusaron un “amarre ideológico”, sosteniendo que el Ejecutivo busca imponer por vía administrativa contenidos que no logró aprobar por ley.
En contraste, desde el oficialismo, diputadas como Emilia Schneider rechazaron esa crítica y afirmaron que el enfoque de género apunta a combatir la discriminación y la violencia en los espacios educativos.
