Diputados Juan Manuel Fuenzalida y Hotuiti Teao acudieron a la Contraloría General de la República para que revise la actuación del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en el caso del desalojo en Quilpué. Los parlamentarios acusan que el organismo no ha cumplido con una resolución judicial que ordena retirar una toma ilegal y demoler las construcciones.
Polémica por responsabilidad en el desalojo
El terreno en cuestión pertenece a la familia del empresario Alejandro Correa, asesinado en mayo de 2020 por un sicario en Concón. En 2021, el Minvu ordenó demoler las edificaciones ilegales. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó esa decisión en 2023 y exigió su cumplimiento.
Sin embargo, el Serviu indicó que, antes de la demolición, se debía desalojar a las familias ocupantes. El trámite que “debe ser solicitado y ejecutado por la familia Correa al tratarse de un terreno privado”. Esta postura fue calificada como “insólita” e “indolente” por los diputados.
“Pareciera que el Serviu se olvidó de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya rechazó los mismos argumentos que hoy están esgrimiendo para negarse a cumplir con la propia resolución que ellos emitieron”, señalaron Fuenzalida y Teao, quienes acusan una “conducta omisiva grave”.
Solicitudes y próximos pasos
Los legisladores recordaron que el propio Serviu pidió al Minvu, en marzo de este año, $100 millones para realizar la demolición durante el primer semestre, sin que la medida se concretara.
Ambos parlamentarios piden que la Contraloría determine si hubo irregularidades y, de ser así, instruya al Serviu a ejecutar “a la brevedad posible” el desalojo en Quilpué y la posterior demolición. “El deber del Gobierno es estar del lado de las víctimas y no velar por los intereses de los usurpadores”, concluyeron.
