El senador Diego Ibáñez (FA) se refirió al informe de la Contraloría General de la República que concluyó que la exministra de Seguridad Trinidad Steinert excedió sus facultades al solicitar información a la Policía de Investigaciones de Chile pocos días después de asumir el cargo.
Mediante conversación con Mesa Central de Canal 13, el parlamentario sostuvo que, si bien una acusación constitucional es políticamente posible, no responde a las prioridades de la ciudadanía.
“La gente quiere vernos hoy día produciendo, trabajando, creando acuerdos que beneficien a la ciudadanía. Y, naturalmente, una acusación constitucional no contribuye a eso”, afirmó.
Pese a ello, Ibáñez reconoció que el informe del organismo fiscalizador evidencia “una abierta ilegalidad” y apuntó responsabilidades al Presidente José Antonio Kast por el nombramiento de Steinert.
“El presidente Kast, cuando nombra con su dedo a una exfiscal, él asume el riesgo de generar un conflicto de interés. La responsabilidad se tiene que asumir, más allá de que hayan sacado a la ministra“, señaló.
Bajo esa línea, indicó que el Frente Amplio impulsa una comisión investigadora para esclarecer los hechos antes de evaluar nuevas acciones políticas.
Críticas al rechazo de la AC contra Nicolás Grau
El senador también abordó el reciente rechazo en el Senado de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, asegurando que la iniciativa solo contribuyó a la polarización.
Según explicó, el libelo carecía de sustento técnico y recordó que el Consejo Fiscal Autónomo descartó las tesis sobre una supuesta irresponsabilidad fiscal.
Autocrítica por el uso de las acusaciones constitucionales
Respecto al proyecto de reforma constitucional que busca elevar los requisitos y quórums para presentar acusaciones constitucionales, Ibáñez reconoció que existe una autocrítica transversal sobre el uso de esta herramienta.
“Hay una autocrítica de que la AC se ocupa como una herramienta comunicacional en vez de una herramienta para efectuar responsabilidades políticas”, afirmó.
En esa línea, explicó que respaldó la iniciativa, que propone establecer una interpelación previa antes de presentar una acusación constitucional, con el objetivo de reforzar su carácter excepcional.