La diputada María Luisa Cordero, solicitó explicaciones a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) por “los prolongados retrasos” en la entrega de las obras de los recintos educativos en la Región Metropolitana. La parlamentaria presentó un oficio de fiscalización tras conocerse que varios jardines infantiles permanecen 100% construidos, pero aún no están operativos, afectando directamente a las familias de su distrito.
“La situación del Jardín Infantil Valdivia en La Granja es inaceptable, así como los que se encuentran en diversas comunas de la Región Metropolitana. No podemos permitir que obras financiadas con recursos públicos queden abandonadas por años, dejando a cientos de niños sin acceso a educación inicial”, afirmó la diputada Cordero.
Asimismo, el Informe Final de la Contraloría General de la República, fechado el 30 de diciembre de 2024, señaló que en el caso del Jardín Infantil Valdivia en La Granja, aunque el contrato debía finalizar en mayo de 2022, el ente contralor confirmó que, hasta octubre de 2024 —cuando se realizó la inspección—, el establecimiento aún no había recibido la aprobación provisional, a pesar de haber completado el 100% de la obra, acumulando un retraso contractual de 900 días.
Al respecto, la congresista independiente con cupo en Renovación Nacional fue enfática: “La ineficiencia en la gestión de estos proyectos no solo es un daño a los niños, sino a toda la comunidad que confía en la labor del Estado”.
En su oficio, la diputada pidió detalles sobre los motivos del atraso, los plazos de entrega y las acciones emprendidas para regularizar la situación. “Es fundamental que se investiguen las responsabilidades, se apliquen sanciones si corresponden y se establezca un cronograma claro para abrir estos establecimientos”, agregó.
La Contraloría también identificó problemas estructurales, como la falta de certificación de garantías contractuales. “Este tipo de irregularidades mina la confianza en las instituciones y perpetúa el abandono de obras esenciales para el desarrollo de nuestras comunidades”, señaló Cordero.
Finalmente, la legisladora instó a las autoridades de la Junji a actuar con celeridad para garantizar el derecho a la educación de los niños afectados. “No podemos permitir que el futuro de nuestros pequeños siga postergado por negligencias administrativas. Es hora de tomar acciones concretas”, concluyó.
