Ante las alarmantes cifras reveladas por Carabineros a través del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), la diputada (IND-UDI), Marlene Pérez, expresó su profunda preocupación y realizó un llamado urgente al Gobierno y al Congreso para priorizar y acelerar la tramitación de proyectos legislativos relacionados con la seguridad pública.
Críticas al ‘Fast Track Legislativo 2.0’
Según los datos de STOP, entre 2022 y 2024 se registraron 2.489 homicidios. Lo anterior convierte a este periodo en el más violento desde que comenzó la medición en 2017. Particularmente, el año 2024 marcó un récord con 842 homicidios, un 4% más que 2023 y un 44% más que 2021. Desde 2017, cuando se contabilizaron 539 homicidios, el incremento ha sido de un 56%.
“Es inaceptable la demora en los proyectos que buscan enfrentar esta crisis. El llamado ‘Fast Track Legislativo 2.0’, tan promovido por el Gobierno, no pasa de ser un anuncio vacío. La falta de voluntad política para avanzar de manera comprometida está costando vidas”, enfatizó la diputada Pérez.
La parlamentaria criticó que: “De los 32 proyectos incluidos en este mecanismo, apenas cuatro han sido despachados, mientras que el promedio de tramitación alcanza los 703 días.” Entre los más rezagados están las iniciativas para modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado y la ejecución de sanciones penales, ambos vitales para combatir el avance del crimen organizado.
Preocupantes cifras del sistema penitenciario
En este contexto, la diputada destacó que el crimen organizado transnacional está jugando un rol clave en el deterioro de la seguridad en el país. Según informe del Ministerio Público, actualmente operan en Chile diez organizaciones criminales transnacionales, incluidas bandas provenientes de Venezuela, Colombia, Perú y República Dominicana.
Además, Pérez puso énfasis en las preocupantes cifras del sistema penitenciario, donde la población privada de libertad ha alcanzado su nivel más alto en cinco años con 59.786 reclusos. De ellos, un 15,2% corresponde a extranjeros, principalmente colombianos, venezolanos y bolivianos.
“La inacción legislativa y la falta de urgencia en proyectos clave, como la Ley de Inteligencia, protección de la Infraestructura Crítica y el resguardo de las zonas fronterizas por las Fuerzas Armadas, están dejando a la ciudadanía expuesta. El tiempo de las buenas intenciones ya pasó; necesitamos medidas concretas y acción inmediata”, concluyó la diputada.
