El nuevo reglamento sobre objeción de conciencia, publicado el 27 de mayo, sigue generando polémica. La normativa busca garantizar que las mujeres accedan a la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales permitidas por la Ley 21.030, sin trabas derivadas de objeciones personales o institucionales. Sin embargo, desde la oposición se ha levantado un fuerte rechazo, acusando que la regulación vulnera derechos y abre la puerta al aborto libre.
La diputada Marcia Raphael (RN) defendió la objeción de conciencia como un derecho esencial: “Es un principio ético reconocido en tratados internacionales y constituciones, que permite a los profesionales de salud negarse a procedimientos contrarios a sus convicciones morales o religiosas. Negar la objeción es vulnerar un derecho garantizado en nuestra carta política. Es el último reducto de libertad, y el Estado debe garantizarlo siempre”, enfatizó.
Por su parte, la diputada María Luisa Cordero (Ind-RN) expresó preocupación por el trasfondo del reglamento: “Es preocupante que el gobierno busque, a través de esto, dar pasos hacia un proyecto de aborto libre mediante la regulación de la objeción de conciencia. Esto podría legitimar la práctica en situaciones que no respondan a riesgo para la madre, inviabilidad del feto o violación”, señaló.
Fundación Una Mirada critica duramente los cambios
Las críticas apuntan a que la normativa vulnera principios fundamentales y sienta un peligroso precedente hacia la normalización del aborto libre. La directora ejecutiva de la Fundación Una Mirada, Pamela Pizarro, afirmó: “Sin duda, la modificación de este reglamento es un retroceso y una vulneración al principio de objeción de conciencia, establecido y garantizado en la ley de aborto en tres causales y protegido por la Constitución”.
Pizarro advirtió que “este reglamento busca imponer el aborto en toda la red de salud pública, vulnerando la objeción institucional y personal”.
En la misma línea, Camille Sigl, coordinadora estratégica de la fundación, declaró: “Esto es una falta de respeto y una violación a la libertad de cada doctor de aceptar dar muerte a un ser humano, independiente de las causales, imponiéndolo de manera dictatorial”. Además, criticó que “las tres causales no son más que un maquillaje para ocultar que el aborto se transformará en la nueva píldora anticonceptiva financiada con los impuestos de los chilenos”.
