El diputado Eduardo Durán, integrante de la Comisión de Economía, manifestó su respaldo al proyecto que busca derogar el artículo 114 de la Ley de Tránsito y terminar con las multas municipales por circular sin TAG en autopistas concesionadas. La iniciativa será votada esta semana en la Cámara de Diputados.
“El Estado entregó la gestión de las autopistas a concesionarias a través de asociaciones público-privadas. Entonces, ¿por qué una municipalidad —que no gestiona, mantiene ni administra ese servicio— tiene que seguir cobrando una multa por pasar sin TAG? No puede haber una sanción estatal por algo que ya fue privatizado”, afirmó Durán.
Actualmente, si una persona pasa por un pórtico sin el dispositivo TAG, debe enfrentar no solo el cobro de la concesionaria, sino también una multa municipal que puede superar los 60 mil pesos, incluso cuando el TAG falla o se queda sin batería. “Esto es un castigo desproporcionado. El usuario ya debe pagar por el uso de la autopista, con intereses, con gestiones de cobranza e incluso arriesga el retiro del vehículo. ¿Para qué agregar otra sanción?”, añadió.
Durán también respondió a los cuestionamientos surgidos en el Congreso Nacional de Infraestructura, donde algunos actores alertaron que este proyecto pondría en riesgo el modelo de concesiones. “Eso no es cierto. El pago del TAG sigue existiendo. Lo que se elimina es una multa municipal que genera abusos, dobles cobros y enredos. Aquí no se elimina el pago, se elimina el abuso”, enfatizó.
El parlamentario señaló además que esta discusión abre la puerta a revisar los cobros excesivos que hoy aplican algunas concesionarias. “Hay personas con deudas millonarias por TAG, muchas veces por intereses acumulados. No estamos diciendo que no se pague, pero sí que debemos discutir un sistema más justo, con reglas claras y proporcionales”.
Finalmente, Durán llamó a aprobar la iniciativa: “No puede ser que por pasar un pórtico de mil pesos te llegue una multa de 60 mil. Hoy el sistema castiga más al que se equivoca que al que quiere evadir. Esta reforma es de sentido común y apunta a terminar con una contradicción evidente: que el Estado sancione dos veces por algo que ya privatizó”.
