“Se citó a la comisión investigadora, a los asesores del Presidente de la República, a Miguel Crispi y al jefe de gabinete, el señor Durán”, sostuvo el diputado Leonardo Soto (PS) frente a la sesión que se llevó a cabo este lunes, en torno al caso Monsalve.
El parlamentario explicó que en dicha jornada “se les consultó efectivamente, o se trató de indagar acerca de cómo se había gestado esta decisión de los primeros momentos, y sorprendió a todo el mundo Miguel Crispi, señalando solamente generalidades que ya eran conocidas básicamente por los dichos de la ministra del Interior”.
“Y cuando se intentó ir un poco más al fondo, él invocó en la idea de que las conversaciones privadas que tienen los asesores del Presidente con el mismo Presidente son de esa naturaleza, es decir, privadas y, por lo tanto, reservadas, y que él no está autorizado para revelarlas, y se acogió a esa especie de privilegio de no declarar sobre estas conversaciones”, dijo, frente a la polémica que generó el hecho.
“¿Es legal esto? ¿Tiene fundamento esta negativa de Miguel Crispi de no revelar las conversaciones, sugerencias o consejos que le dio al Presidente de la República?”, cuestionó, asegurando en “La Mañana de Agricultura”: “Yo creo que sí”.
“Existe lo que se llama el privilegio deliberativo, que es este derecho que tienen todos los Presidentes de la República, de mantener en reserva las comunicaciones que se producen entre los ministros, entre el mismo Presidente y sus asesores, respecto de opiniones, consejos y recomendaciones de posibles cursos de acción gubernamental”, manifestó.
Finalmente, concluyó: “Las facultades que tiene la comisión investigadora de la Cámara de Diputados no son las que tiene un tribunal, no son las que tiene la Contraloría, y en esta parte el derecho que tienen los parlamentarios a fiscalizar los actos del gobierno, se refiere más bien a actos que son formales, que tienen una naturaleza conceptual distinta”, concluyó.
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