En el marco de la denuncia por violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, diversos diputados de oposición han expresado su descontento con la gestión de la ministra del Interior, Carolina Tohá. Durante su comparecencia en la Comisión Especial Investigadora del Congreso, Tohá admitió que la renuncia de Monsalve debió haberse tomado con mayor celeridad, lo que generó nuevas críticas entre los parlamentarios.
La diputada Carla Morales (RN) calificó el mea culpa de Tohá como tardío y señaló que el mal manejo del caso ya es evidente. “Más allá del mea culpa, creo que se deben seguir esclareciendo los hechos en torno a esta denuncia y que sean removidos de su cargo quienes realizaron gestiones en favor o eran cercanos al exsubsecretario Monsalve”, afirmó.
Por su parte, la diputada independiente-UDI Marlene Pérez reconoció la autocrítica de la ministra, pero criticó la falta de prontitud en la decisión. “La dilación en la salida del exsubsecretario Monsalve no solo generó filtraciones innecesarias, sino que también evidenció una preocupante falta de coordinación en decisiones clave. La ciudadanía merece un gobierno que actúe con mayor responsabilidad y transparencia”, declaró.
Exigencia de responsabilidades legales
La diputada Karen Medina fue más allá, acusando al Gobierno de actuar solo bajo presión política. “Es una pena que haya que hacer una comisión investigadora para que la ministra del Interior reconozca que se equivocaron. Ahora falta que diga que jurídicamente también tienen responsabilidad por ser cómplices, por apoyar, por omitir”, sostuvo, pidiendo que las responsabilidades legales sean investigadas por la justicia.
El parlamentario Roberto Arroyo (PSC) también destacó la importancia de una mayor transparencia y coordinación en este tipo de situaciones, enfatizando que las explicaciones tardías no son suficientes.
Estas declaraciones reflejan el malestar de la oposición por la gestión realizada en este caso y la exigencia de esclarecer los hechos, asumiendo las responsabilidades correspondientes. La presión de los parlamentarios apunta a evitar que situaciones similares ocurran en el futuro y a garantizar un actuar más transparente y eficaz por parte del Ejecutivo.
