Una profunda crítica ha desatado la detención de un sujeto en la “megatoma” de San Antonio, imputado por homicidio frustrado contra personal de Carabineros. El caso ha generado indignación tras conocerse que el detenido figuraba en la lista de beneficiados de la pensión de gracia otorgada en el contexto del estallido social,
Desde el Partido Republicano, las críticas apuntaron “a la carga ideológica de estos beneficios”. En ese sentido, la diputada electa Javiera Rodríguez señaló que “estas pensiones deben finalizar de inmediato”.
“Son más de 6 mil millones de pesos que el Estado ha gastado en mantener a supuestas víctimas, lo que demuestra que el octubrismo sigue enquistado en el Estado. El caso de Bryan evidencia que el gobierno no ha revisado los casos y que antepone a manifestantes violentos por sobre el trabajo de Carabineros en defensa del país“, afirmó Rodríguez.
En la misma línea, la diputada electa Valentina Becerra calificó el hecho como una “ofensa” a la ciudadanía. “Que un pensionado por el estallido termine detenido por homicidio frustrado demuestra que estas pensiones no fueron reparación, sino un premio a la violencia”.
“Mientras miles de chilenos hacen filas para una salud digna, el gobierno le paga una mensualidad a alguien que gatilla contra un carabinero. La ley debe estar del lado del uniforme, no del delincuente”, sentenció Becerra.
Desde el Partido de la Gente (PDG), el diputado electo Fabián Ossandón propuso “una salida institucional para proteger el espíritu de la justicia social sin comprometer la seguridad”.
“Este caso nos obliga a una revisión profunda. No se trata de perseguir, sino de garantizar que los recursos lleguen a quienes cumplen con estándares de probidad. Necesitamos modernizar el Estado para que, ante hechos de violencia tan graves, los beneficios se suspendan de manera automática mientras dure la investigación“, explicó Ossandón, enfatizando que el sistema debe ser coherente con la prioridad de proteger a las fuerzas de orden.
Por su parte, el diputado electo Patricio Briones tildó la situación de “burla” para los trabajadores. “Mientras el ciudadano común no llega a fin de mes, el Estado le deposita una pensión a un sujeto que ataca con armas de fuego a Carabineros. Esto no es solo una falla administrativa, es una falta de respeto a la decencia mínima del país. Vamos a legislar para que nunca más un delincuente reciba ni un solo peso mientras siga cometiendo delitos”, aseguró.
