Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Paula Labra, presidente e integrante de la Comisión Investigadora por la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, presentaron un requerimiento a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez.
En la acción solicitan un pronunciamiento formal respecto a la decisión del Ministerio de Bienes Nacionales de declarar como “Reservado” el expediente administrativo de dicha adquisición.
Para los parlamentarios, esta determinación es “inaceptable y atenta contra la transparencia que debe regir el uso de los recursos públicos. El Gobierno no puede esconder información de alto interés público. Los chilenos tienen derecho a saber en qué se gastan sus impuestos, y esta compra debe ser aclarada con total transparencia”, enfatizaron.
“En efecto, la calificación del Ministerio de Bienes Nacionales parece confundir la carpeta investigativa del proceso penal y el expediente sumarial con los antecedentes que se allegan a los mismos”, declaran.
“Un documento no adquiere la calidad de reservado per se por el solo hecho de ser incorporado a un expediente o carpeta en sede sumarial o penal. Sostener la tesis del gobierno parece no solo absurdo, sino que abona a la oscuridad, precisamente aquella que proscribe el artículo 8 de nuestra Carta Fundamental”, añaden.
A juicio de los parlamentarios, la fundamentación entregada por el ministerio —basada en normas constitucionales y legales que regulan procesos penales o sumarios— resulta “errónea e inconsistente”, ya que se trata de un procedimiento administrativo que, por definición, “debe regirse por el principio de transparencia”.
“Sostener la tesis del gobierno parece no solo absurdo, sino que abona a la oscuridad, precisamente aquella que proscribe el artículo 8 de nuestra Carta Fundamental”, señalan en el oficio, agregando que no se vislumbra cómo la publicidad de estos antecedentes pueda afectar derechos de personas o intereses nacionales.
En este sentido, el diputado Andrés Longton, aseguró que: “La decisión del gobierno no sólo es errada jurídicamente, sino que deja a la vista el permanente boicot que han sufrido las comisiones investigadoras de la Cámara. Pretender que el expediente de una compra es reservado parece absurdo y deja de manifiesto el nulo compromiso con la transparencia de este gobierno”.
Por su parte, la diputada Paula Labra dijo que: “El Ministerio de Bienes Nacionales nuevamente hace gala de su ignorancia jurídica, o derechamente califica el expediente como reservado porque no quieren que se conozcan los antecedentes. De cualquier manera, lo que ocurre es un escándalo que debe ser observado por la Contraloría, más cuando se atenta contra las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, cuestión que no aceptaremos y haremos ver a la Mesa”.
Los diputados, además, destacan que esta calificación se realiza en el marco del trabajo de una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, lo que agrava aún más el hecho. “Atenta severamente contra las facultades fiscalizadoras de la Cámara, cuestión de relevancia capital en nuestro régimen democrático”, advierten.
Durante su intervención en la comisión, “la propia Contralora Pérez expresó su disposición a remitir todos los documentos que tuvo a la vista la Contraloría durante la tramitación del Decreto N°38 de 2024, confirmando que varios de ellos ya estarían disponibles“, agregan.
Por estas razones, Longton y Labra solicitaron que, de acuerdo con sus atribuciones, la Contraloría instruya al Ministerio de Bienes Nacionales a revertir la calificación de “Reservado” si así corresponde, “en resguardo de la transparencia y del rol fiscalizador del Congreso”.
