La bancada de diputados de Renovación Nacional, ofició a la Contraloría General de la República para que realice sumarios contra distintos jefes de servicios en el Gobierno en el marco del escándalo de las licencias médicas.
En concreto, se ofició para que dicho órgano “sea el que lleve adelante sumarios contra jefes de servicios a nivel nacional o regional; jefes de divisiones, unidades o departamentos de la Administración central o municipal; u otros en que resultare conveniente sustraer dicho procedimiento del servicio en el que cumpla funciones el involucrado”.
Todo en el marco del informe del mismo órgano contralor que detectó que 25.078 funcionarios públicos salieron del país pese a estar con licencia médica.
Los parlamentarios, además, piden a la CGR “impartir instrucciones a los órganos de la Administración para la tramitación de sumarios que tengan en lugar con ocasión de los resultados arrojados por el informe Consolidado N°9 de 2025, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica”.
En el texto enviado a la Contraloría, los parlamentarios argumentan su solicitud en que existen dudas ante el tiempo de instrucción de los sumarios, como también en la objetividad “que existirá al momento de resolver los mismos y de aplicar las sanciones por parte de la Jefatura respectiva, principalmente cuando el funcionario cuya responsabilidad se persiga ocupe cargos de jefatura nacional, regional, de divisiones, unidades u otros en los que han resultado fundamentales los vínculos políticos y las militancias”.
Y se ejemplifica esto último con el caso de Raúl Domínguez Bastidas, jefe de división en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, quien de acuerdo a notas periodísticas, sería “amigo personal del Presidente (Boric) desde que fueron compañeros de colegio”.
Asímismo, afirman que “una sanción de destitución importa inhabilidades que serán rechazadas por partidos políticos u organizaciones gremiales tratándose de sujetos con redes y contactos políticos, lo que por cierto tiene lugar principalmente en jefaturas o cargos directivos”.
Cabe hacer presente que el día de hoy se supo igualmente del caso de ex ministro y ex convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza, quien también estaría en el listado de la Contraloría, pero que por haber dejado su cargo en la Municipalidad de Santiago, en principio no podría ser objeto de sumario.
Es así que el jefe de bancada, Miguel Mellado, afirma que “no confiamos en sumarios donde el propio gobierno investigue y aplique sanciones a sus directivos, a aquellos que están en altos cargos en los que se imponen las redes y los vínculos políticos”. Y agrega: “Lo que hemos conocido de gobierno amerita mayores muestras de transparencia, y para ello solicitamos que sea la propia Contraloría la que sustancie los sumarios en casos especiales como, por ejemplo, aquel que afecta al amigo del Presidente Boric”.
Mientras que la subjefa de bancada, Carla Morales, apuntó a que “la fe pública debe ser restaurada. Y en dicho sentido, necesitamos que los responsables reciban las mayores sanciones, independiente si son amigos del Presidente de la República o si son patrocinados por sus partidos en cargos de jefatura o dirección”.
La legisladora por la región de O´Higgins, agregó que “la ciudadanía necesita una respuesta y es necesario devolver la confianza en esos miles de funcionarios públicos que cumplen responsablemente a diario su labor y que hoy están manchados por este caso”.
Suman los diputados de RN que la CGR imparta “instrucciones a los órganos de la Administración para una tramitación eficiente y en tiempos prudentes de los sumarios que tengan lugar con ocasión de los resultados arrojados por el informe” del órgano contralor del pasado martes 20.
