Esta tarde, diputados de RN solicitaron formalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que investigue la posible existencia de un sobreprecio en la adquisición, por parte del Fisco, de la propiedad que perteneciera al expresidente Salvador Allende.
Este inmueble, ubicado en calle Guardia Vieja N°392, en Providencia, es actualmente copropiedad de la Ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y su hermano, ambos nietos del exmandatario. Este viernes se conoció que la vivienda sería adquirida por más de 930 millones de pesos.
En el oficio dirigido al presidente del CDE, Raúl Letelier, los parlamentarios manifestaron su preocupación por un potencial “perjuicio al patrimonio estatal y el conflicto de interés asociado”.
Según indicaron, “quien ejecuta la negociación es el Gobierno, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, y adquiere a una Ministra de Estado, que integra el mismo Gobierno”.
Este hecho, explican, constituye “un conflicto de interés evidente y un posible incumplimiento del Principio de Probidad”, consagrado en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Los diputados subrayaron que el inmueble fue adquirido por la Ministra y su hermano en 1998 por $500.000, mientras que recientemente el Fisco lo compró por un valor cercano a los mil millones de pesos. En el escrito, advirtieron que “aún aplicando criterios de reajuste estrictos, es notorio que la Ministra y su hermano obtienen una ganancia inconmensurablemente superior al monto que desembolsaron”.
Además del eventual sobreprecio, los parlamentarios destacaron que el inciso final del artículo 37 bis de la Constitución “prohíbe explícitamente a los ministros celebrar contratos con el Estado, incluso en contextos de copropiedad”.
En este sentido, señalaron que “separar al Ministro de Estado en cuanto integrante de una comunidad o copropiedad no debe ser acogido, en tanto vulnera el espíritu de la norma constitucional”.
Finalmente, los diputados de RN instaron al CDE “a evacuar un informe en derecho que esclarezca si esta transacción vulnera la prohibición constitucional y afecta gravemente la Función Pública que ejerce la Ministra”.
“Más allá de un tecnicismo jurídico, se atropella de manera evidente el Principio de Probidad, esencial para resguardar el interés fiscal y la transparencia en la gestión pública”, concluyeron.
