El diputado Víctor Pino presentó una Reforma Constitucional para fijar un plazo máximo de tres años a la Cámara revisora. La medida busca evitar que proyectos aprobados queden paralizados indefinidamente en el Congreso.
Actualmente, la Constitución no establece plazos para esta etapa del trámite legislativo. Pino señaló que existen iniciativas con más de diez y hasta veinte años en tramitación.
“Eso no es un debate democrático, es un estancamiento”, afirmó. La propuesta indica que, si no hay pronunciamiento dentro del plazo, el proyecto se entenderá aprobado sin cambios.
Luego volverá a la Cámara de origen, que tendrá 30 días para aprobarlo o rechazarlo. La norma también se aplicaría a proyectos actualmente entrampados en segundo trámite.
El parlamentario aseguró que la iniciativa busca ordenar el proceso legislativo y mejorar la eficacia del Congreso.
