En conversación con Llegó la Hora, de Radio Agricultura, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al caso de los casi 25 mil funcionarios públicos que salieron del país mientras se encontraban con licencia médica.
“Hay muchas aristas que analizar en este tema, es un árbol muy frondoso, pero yo quisiera ir a la raíz primero para señalar lo que creo no se ha enfatizado lo suficiente. En este caso particular, de lo que estamos hablando no es en realidad de una licencia médica, que es un nombre incorrecto, porque se ha convertido en una suerte de justificativo”, dijo.
“La primera dimensión del problema, y que ya revela un concepto corrompido, es que la licencia médica actúa como un justificativo legal para no asistir al trabajo. No obstante, este permiso permite que la persona siga recibiendo su remuneración íntegra en el caso del Estado, a diferencia del mundo privado, donde existen topes y restricciones. En el caso de los trabajadores públicos, no hay ninguna limitación de este tipo”, explicó.
“Lo crucial aquí es que este documento señala que la persona está incapacitada para trabajar, por lo tanto, el término técnico correcto no es licencia médica, sino subsidio por incapacidad laboral, pagado con recursos de todos los chilenos”, añadió Mañalich.
“El uso de una licencia falsa amerita en primer lugar una investigación administrativa, porque el Estatuto Administrativo regula la responsabilidad de quienes trabajan en el sector público, y esto ya está siendo abordado por la Contraloría. Sin embargo, considero que la posibilidad de que realmente haya consecuencias mediante esta vía, como un sumario, es bastante escasa”, sostuvo.
“En segundo lugar, está la arista penal, que es la que ofrece mayor esperanza de cambio a futuro. Porque, efectivamente, existen penas efectivas. Nosotros dictamos en 2012 la ley que castiga el mal uso de licencias médicas, pero se ha hecho muy poco con ella. Por ejemplo, se estableció un convenio entre instituciones públicas que recién ahora la Contraloría está utilizando, pese a que eso ya estaba contemplado en la legislación desde hace más de una década”, indicó.
“Lo único que podría generar un verdadero cambio es la aplicación de sanciones penales. No necesariamente la pérdida del cargo, sino también la devolución de los dineros obtenidos irregularmente y la pérdida de la potestad para emitir licencias. Si esto se considera un delito reiterado, entonces cada una de las licencias emitidas de forma fraudulenta constituye un delito por separado, y las penas pueden sumarse hasta superar los cinco años y un día”, concluyó el exministro.
