El exministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la renuncia de Juan Pablo Rodríguez a la Subsecretaría de Hacienda, luego de que un test de drogas realizado en junio arrojara un resultado positivo, asegurando que es necesario confirmar el examen antes de establecer conclusiones.
Rodríguez dejó el cargo tras permanecer 134 días en sus funciones, mientras continúa pendiente el análisis de la contramuestra. El exsubsecretario ha negado haber consumido drogas y sostiene que el resultado obtenido corresponde a un error.
Mañalich advierte sobre los “falsos positivos”
A través de una carta publicada en El Mercurio, titulada “La maldición de los falsos positivos”, Mañalich explicó que los exámenes médicos pueden entregar resultados anormales incluso en personas sanas, por lo que recalcó la importancia de interpretar cualquier diagnóstico considerando el contexto clínico y la repetición de la prueba.
“La medicina se apoya en tres pilares: el hallazgo debe hacer sentido con los síntomas del paciente, la magnitud de la desviación y la repetición del examen“, señaló.
El exsecretario de Estado agregó que “la probabilidad de que el mismo falso positivo ocurra dos veces cae al 0,25%“, razón por la cual defendió que este tipo de procedimientos permanezcan dentro del ámbito asistencial y no den origen a decisiones apresuradas.
Presunción de error
Al referirse específicamente a la situación del exsubsecretario, Mañalich sostuvo que, mientras no exista una confirmación del resultado inicial, corresponde presumir la posibilidad de un error.
“Se ha informado que una autoridad de Gobierno debió alejarse de su puesto por un resultado positivo a drogas. La presunción de error es obligatoria. Se requiere una confirmación“, afirmó.
Finalmente, el exministro recordó que la nueva legislación sobre protección de datos, cuya entrada en vigencia está prevista para diciembre, sancionará la difusión pública de este tipo de información.
En ese contexto, sostuvo que estos antecedentes deben mantenerse en reserva para resguardar la privacidad de las personas y permitir, incluso cuando el resultado sea correcto, la posibilidad de rehabilitación sin exponerlas a una “muerte cívica”.
