Diputados de oposición formularon fuertes cuestionamientos al Ejecutivo por el manejo de la gestión fiscal durante 2024, luego de conocerse un informe de la Contraloría General que reveló un incremento del 11% en el gasto público. Los parlamentarios denunciaron aumento del gasto, descontrol en las finanzas y exigieron al ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregar datos detallados y verificables.
La diputada Catalina del Real (Republicanos) solicitó al titular de Hacienda aclarar el número total de funcionarios contratados desde 2022, así como el gasto involucrado en sus remuneraciones. Enfatizó que aún persiste la controversia por la información errónea enviada al Congreso por parte de la Dirección de Presupuestos.
A juicio de Del Real, los antecedentes recientes evidencian una mala gestión fiscal, considerando la crisis en hospitales públicos, donde se han debido suspender cirugías por falta de insumos. “Las prioridades de La Moneda están en sacar adelante sus iniciativas ideológicas, y no en responder a las verdaderas urgencias de la ciudadanía”, afirmó.
“Este Gobierno está gastando como si no hubiera consecuencias”
Por su parte, la diputada Sofía Cid (Republicanos) calificó de preocupante el aumento del gasto junto al endeudamiento estatal que ya supera los $8,8 billones. Criticó que “este gobierno ya se va y está gastando como si no hubiera consecuencias”. Además, aludió a escándalos recientes como el de las licencias médicas falsas y las millonarias transferencias a fundaciones, subrayando que “el Estado sí tiene recursos, pero los están malgastando”.
Aumento del gasto se convertiría en un “herencia lamentable”
A su vez, el diputado Stephan Schubert (Republicanos) calificó como “desastroso” el manejo económico actual. Indicó que las advertencias de organismos fiscalizadores sobre el gasto excesivo no han sido consideradas. “Estamos ante una herencia lamentable y una clara demostración de cuán irresponsable puede ser una administración”, sostuvo.
Los parlamentarios coincidieron en la urgencia de recuperar una gestión fiscal responsable y orientada a las necesidades reales de la población, especialmente en áreas como salud, seguridad y educación.
