Las diputadas republicanas Javiera Rodríguez y Paz Charpentier llamaron a destrabar el proyecto de ley que busca sancionar el uso indebido de números telefónicos de emergencia, iniciativa que lleva 12 años en el Congreso y una década sin avanzar en la Cámara. El texto, aprobado por el Senado en 2016, establece multas de entre 1 y 5 UTM y contempla mecanismos para identificar a quienes realizan llamadas falsas o pitanzas a servicios como el 133.
“Tenemos que dejar de acumular proyectos”
Rodríguez sostuvo que “es difícil explicar que tengamos un proyecto esperando prácticamente doce años mientras Carabineros sigue destinando tiempo y funcionarios a llamadas que no corresponden a emergencias reales. Cuando alguien ocupa el 133 para hacer una pitanza o una falsa alarma no está haciendo una simple broma: puede estar retrasando la ayuda para una mujer que está siendo agredida, una familia que enfrenta un delito o una persona cuya vida está en riesgo. Tenemos que dejar de acumular proyectos y empezar a sacar adelante soluciones concretas. Esta iniciativa tiene que volver a discutirse y avanzar”.
“Quien realiza una llamada falsa no solamente hace perder tiempo”
Charpentier, por su parte, apuntó a la responsabilidad de quienes utilizan deliberadamente estos servicios para realizar falsas alertas. “Los teléfonos de emergencia existen para salvar vidas y movilizar recursos frente a situaciones reales. Quien realiza una llamada falsa no solamente hace perder tiempo: ocupa una línea, desplaza recursos públicos y puede impedir que una emergencia verdadera sea atendida oportunamente. Si hace más de una década existe un proyecto para identificar y sancionar estas conductas, no hay una buena razón para que siga detenido. Tenemos que establecer consecuencias claras para quienes juegan con un servicio del que depende la seguridad de millones de personas”, afirmó.
La iniciativa continúa formalmente en segundo trámite constitucional.
El problema lleva años siendo advertido por las autoridades. En 2018, durante la discusión del mismo proyecto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones informó a la Cámara que, según estadísticas entregadas entonces por Carabineros, más del 75% de las llamadas recibidas por el 133 eran inoficiosas, incluyendo pitanzas, llamadas cortadas, insultos y falsas amenazas.
La iniciativa —boletín 9.597-07— continúa formalmente en segundo trámite constitucional. Durante su paso por el Senado fue respaldada de manera unánime, bajo el argumento de que las falsas llamadas bloquean los sistemas y dificultan la respuesta frente a emergencias verdaderas.
