El caso de Bernarda Vera, mujer incluida en el listado de 1.469 detenidos desaparecidos durante el Régimen Militar y que según un reportaje de Chilevisión estaría viviendo en Argentina, generó intensas reacciones y cuestionamientos al Plan Nacional de Búsqueda.
El informe señaló que Vera habría escapado por la cordillera, residido en Suecia desde 1978 —donde obtuvo ciudadanía en 1984— y regresado a Argentina en 1999. Estos antecedentes contrastan con lo consignado en el Informe Rettig, que la daba por ejecutada.
Respuesta del ministro Cordero
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, defendió la labor del plan y aseguró que el Comité de Seguimiento fue informado en enero de este año, antes de recibir antecedentes oficiales desde Suecia en mayo.
“Falta comprensión respecto a qué es el Plan. Está diseñado para la construcción de las trayectorias de las víctimas de desaparición forzada. No solo hay que resguardar la verdad, también la situación familiar de las víctimas”, señaló Cordero.
El secretario de Estado subrayó que parte de la información corresponde a comunicaciones reservadas entre Chile y Suecia y que los nuevos datos no permiten concluir de forma definitiva la identidad de la persona detectada.
Posición del Ministerio de Justicia
En un comunicado, la cartera explicó que el caso fue investigado desde 2024 por el Programa de Derechos Humanos, tras detectar incongruencias en testimonios vinculados al “episodio Liquiñe”.
Entre mayo y agosto de ese año se enviaron oficios a diversas instituciones, sin resultados. Recién en mayo de 2025 Suecia aportó documentación que motivó a remitir los antecedentes al ministro en visita Álvaro Mesa, quien abrió un cuaderno reservado.
Justicia recalcó que la información no es concluyente, pero que fue puesta en conocimiento de tribunales y de la familia de la víctima. Además, recordó que este tipo de casos son excepcionales dentro del universo de víctimas reconocidas oficialmente.
Avances del plan
El ministerio destacó que, desde su implementación, el Plan Nacional de Búsqueda ha permitido abrir 59 causas judiciales relacionadas con detenidos desaparecidos, frente a las 14 existentes antes de su creación.
También informó que se han presentado 8 nuevas querellas criminales, más de 100 diligencias en terreno y que el trabajo continuará “con rigor y responsabilidad”.
