El diputado Roberto Arroyo emplazó al Ejecutivo a patrocinar su proyecto de ley que busca endurecer las penas asociadas al delito de “turbazo”.
Este tipo de robo, caracterizado por la combinación de violencia y organización, ha quedado en evidencia tras los recientes ataques en Conchalí, Independencia y Pudahuel, donde bandas delictuales ingresaron violentamente a viviendas, dejando personas heridas y robando vehículos y otras pertenencias.
“Estos ataques representan una amenaza directa contra la vida y el bienestar de las familias chilenas. Mi propuesta busca modificar el artículo 433 del Código Penal, imponiendo penas que van desde 15 a 20 años de presidio mayor en su grado máximo, hasta el presidio perpetuo calificado en los casos más graves. No podemos permitir que los delincuentes operen con total impunidad”, señaló Arroyo.
El proyecto también incluye una modificación clave: cuando los delitos sean cometidos en grupo y bajo circunstancias agravantes, como el uso de armas o violencia extrema, las penas serán acumulativas. Esto significa que los responsables enfrentarán sanciones más severas en función de la gravedad y las circunstancias de los hechos.
“Esta iniciativa no solo endurece las penas, sino que envía un mensaje claro: en Chile, la ley debe proteger a las víctimas, no a los victimarios. Los turbazos no son simples robos; son actos que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas”, enfatizó el parlamentario.
Los recientes ataques han dejado en evidencia la organización y violencia con que operan estas bandas criminales. En uno de los casos más graves, un matrimonio de Conchalí fue atacado violentamente, dejando al esposo gravemente herido. En Independencia, los delincuentes derribaron la reja de una vivienda para sustraer una camioneta en menos de un minuto, mientras que en Pudahuel, los criminales escaparon con diversas especies de valor tras botar la reja de otro inmueble.
“Emplazo al Ejecutivo a patrocinar esta iniciativa y convertirla en una prioridad legislativa. Es momento de tomar acciones concretas para devolver la seguridad a las familias chilenas. Este proyecto es una respuesta firme y necesaria para combatir estos delitos y restablecer la confianza en nuestras leyes. En Chile, quienes eligen actuar al margen de la ley deben enfrentar consecuencias ejemplares”, concluyó Arroyo.
