Las revelaciones recientes del caso “Monsalve” han llevado a seis diputadas de Renovación Nacional (RN)—Ximena Ossandón, María Luisa Cordero, Camila Flores, Paula Labra, Carla Morales y Marcia Raphael—a proponer una modificación en el Código Procesal Penal. Su proyecto de ley busca extender de 12 a 48 horas el plazo de detención en casos de flagrancia para delitos de violación y otros delitos sexuales.
La flagrancia y sus límites actuales
El proyecto destaca que actualmente existen dos tipos de detención: la detención en flagrancia, realizada al momento de la comisión del delito, y la detención por orden de un tribunal. En los casos de flagrancia, “es obligación de las policías materializarla” cuando el hecho delictivo ocurre en presencia de las fuerzas de seguridad o inmediatamente después. Sin embargo, la ley también considera “flagrancia ficta” cuando existen elementos que sugieren la ocurrencia reciente del delito, permitiendo la detención por hasta 12 horas.
Argumentos en favor de extender la detención
Según las diputadas, el plazo actual de 12 horas para detenciones en casos de flagrancia puede ser insuficiente en delitos sexuales complejos. “Merecen especial preocupación los delitos que afectan la indemnidad y libertad sexual”, indica el proyecto, ya que la evidencia biológica y genética crucial puede degradarse rápidamente, comprometiendo la investigación.
“Un plazo de 12 horas para la detención en flagrancia parece insuficiente” en estos casos, agrega el proyecto. La medida propuesta de extender la detención a 48 horas permitiría “proteger la evidencia y garantizar el éxito de la investigación”, según señalan las parlamentarias.
Respaldo de diputados y Comisión de Seguridad
El proyecto cuenta con el respaldo de la presidenta de la Comisión de Seguridad, Gloria Naveillán, y de los diputados José Miguel Castro, Diego Schalper y Andrés Longton, también de RN. Según explican las legisladoras, el objetivo es adaptar el Código Procesal Penal a las complejidades de los delitos sexuales y mejorar el manejo de pruebas esenciales para proteger los derechos de las víctimas.
