La reforma de pensiones presentada por el Ejecutivo sigue generando fuertes críticas en el Congreso. Durante el debate en el pleno del Senado, la senadora Carmen Gloria Aravena, del Partido Republicano, expresó su rechazo al proyecto, calificándolo como perjudicial para los trabajadores y las pequeñas empresas.
Aravena destacó que la propuesta, que incluye un incremento de la cotización con cargo al empleador y la creación de un fondo común, afecta directamente los ahorros individuales de los trabajadores.
“El proyecto representa un préstamo forzoso que obliga a los chilenos a ceder parte de su sueldo al Estado cada mes, con promesas de devolución que son insostenibles dada la situación fiscal actual. Esto es un verdadero manotazo al bolsillo de los trabajadores, quienes ya rechazaron ideas similares durante el proceso de la Convención”, aseguró la senadora.
Impacto negativo en el mercado laboral
La parlamentaria también criticó los efectos que la reforma podría tener en el empleo, señalando que las pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas. Según estimaciones, la iniciativa podría eliminar más de 100 mil empleos en el corto plazo.
“No es justo cargar a las pymes con costos adicionales sin atender los problemas estructurales del mercado del trabajo. Esta reforma no combate el estancamiento económico, solo genera más incertidumbre”, añadió Aravena.
Otro de los puntos cuestionados es el impacto fiscal de la reforma. La senadora advirtió que el gasto público necesario para implementarla podría superar los 4.000 millones de dólares anuales antes de 2034, agravando el endeudamiento del país.
“El endeudamiento del Estado está fuera de control. No es responsable comprometer recursos que no existen, especialmente cuando la deuda pública ya supera el 45% del PIB. Esto pone en riesgo la estabilidad económica de Chile”, enfatizó.
Defensa de los ahorros previsionales
Finalmente, la senadora Aravena subrayó la importancia de proteger los ahorros individuales de los trabajadores, criticando la idea de utilizar parte de esos fondos para financiar proyectos estatales.
“Los descuentos que hacemos como trabajadores deben ir íntegramente a nuestras cuentas personales. El Estado no tiene derecho a apropiarse de esos fondos bajo el pretexto de la solidaridad. Esto es un abuso”, concluyó la senadora.
