
La senadora Carmen Gloria Aravena, del Partido Republicano, se refirió a la ampliación del mandato de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento hasta el 30 de abril de 2025. La legisladora enfatizó que, si bien se han logrado avances significativos, el proceso ha resultado más complejo de lo inicialmente previsto.
“Creo que fue demasiado ambicioso pensar en que íbamos a terminar tan luego, entendiendo que una de las tareas era hacer un catastro de tierras que, para ser bien franca, no existía. Entonces, demoramos prácticamente un año solamente en poder tener datos”, afirmó Aravena.
Este plazo adicional permitirá la elaboración de un informe final con recomendaciones concretas, abordando la situación en regiones como Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde existen problemáticas históricas vinculadas a la restitución de tierras.
Comisión de Paz: Compensaciones alternativas a la restitución de tierras
Aravena destacó que, con un 90% de certeza en los datos recopilados, se pueden proyectar los costos y plazos para las soluciones propuestas. “Hoy día sí tenemos datos duros, cifras, años, lo que permite proyectar cuánto es el gasto y cuánto es lo que podríamos demorarnos con esta propuesta”, explicó. Además, subrayó la importancia de que las decisiones se alineen con los tratados internacionales y la normativa vigente.
Una de las alternativas planteadas es la implementación de compensaciones distintas a la entrega de tierras, como subsidios, becas o apoyo a actividades productivas. “Dada la complejidad de la entrega, que hay personas que han estado esperando 25 años, hemos conversado con las comunidades indígenas sobre la posibilidad de otros tipos de compensaciones. Muchas personas se han venido a la ciudad, hoy día arriendan casas, y podrían optar por subsidios o infraestructura para sus actividades”, señaló la senadora.
Asimismo, reconoció las demandas de las comunidades mapuches en relación con la restitución de tierras, destacando la necesidad de equilibrar sus requerimientos con la disponibilidad efectiva de terrenos. “Es razonable que quieran asegurar un monto específico de tierras, pero debemos equilibrar eso con otras alternativas que atiendan la disponibilidad real de terrenos”, concluyó Aravena.