El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió este domingo a la posibilidad de que su colectividad impulse una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en medio de la polémica por los errores detectados en las proyecciones de deuda fiscal del Gobierno anterior.
Durante su participación en el programa Estado Nacional de TVN, el senador evitó confirmar si finalmente se presentará el libelo y aseguró que la decisión aún está siendo analizada por la bancada de diputados republicanos.
“No sé si la van a presentar o no”, sostuvo Squella, quien además recalcó que debe actuar con cautela mientras se desarrolla la discusión interna.
Según explicó el senador, no ha participado directamente en la elaboración de un eventual texto y tampoco ha revisado borradores relacionados con la iniciativa.
Squella apunta a eventuales responsabilidades por manejo fiscal
Pese a su prudencia sobre una eventual acusación constitucional, el líder republicano cuestionó la gestión financiera de la administración pasada y afirmó que existen antecedentes que generan preocupación respecto a la conducción de las cuentas públicas.
En ese contexto, señaló que hay dudas sobre si algunos errores pudieron responder únicamente a equivocaciones técnicas o si existió una intención de ocultar o maquillar información relacionada con la situación fiscal. A su juicio, si llegara a demostrarse una conducta deliberada, se trataría de un hecho de máxima gravedad.
Squella también recordó que la legislación permite perseguir responsabilidades de exministros hasta tres meses después de dejar sus cargos, plazo que estaría próximo a cumplirse durante esta semana.
Asimismo, indicó que todavía queda por determinar quiénes podrían ser los responsables directos de los errores detectados, una tarea que, según afirmó, estaría siendo evaluada por los parlamentarios que analizan la posibilidad de presentar la acusación.
Finalmente, el presidente del Partido Republicano insistió en que no conoce los detalles de la discusión, aunque reconoció que percibe que los diputados estarían estudiando antecedentes que podrían ajustarse a alguna de las causales constitucionales requeridas para impulsar la acción.
