Una a una las razones que esgrime el Gobierno para rechazar Pacto Migratorio

Tras la polémica suscitada por la posición del Gobierno de no participar de las reuniones de la ONU sobre pacto migratorio que iniciarán este lunes, la administración Piñera salió a defender lo que consideran una falta de “equilibrio” entre los derechos de los migrantes y el derecho soberano de Chile a regular la forma en que ingresan y permanecen en nuestros países los migrantes.

Es por eso que se dio a conocer una minuta en que se indican una a una las razones del Gobierno en este caso, texto que puedes leer a continuación:

1. “La política migratoria de este Gobierno es clara. Buscamos una migración ordenada, segura y regular. Queremos recibir y acoger a todos los que vienen a Chile a iniciar una nueva y mejor vida, respetando nuestras leyes y aportando al desarrollo de nuestro país.

Pero también, y con la misma fuerza, estamos ordenando nuestra casa y deteniendo el ingreso de aquellos que lo hacen en forma irregular, que no respetan nuestras leyes, que vienen a cometer  delitos o  han cometido graves delitos en sus países de origen. Especialmente queremos evitar el ingreso a Chile de grupos narcotraficantes, del crimen organizado y  de organizaciones de trata de personas.

2. Con ese objetivo, se está tramitando desde marzo de este año un proyecto de Ley de Migraciones, que está en total concordancia con los tratados internacionales bilaterales y multilaterales ratificados por Chile. Por ejemplo la Convención sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
3. En nuestra opinión, el Pacto Mundial de Migraciones, que se presenta para su adopción en Marrakech, tiene graves inconsistencias y contradicciones con aspectos centrales de la política migratoria que impulsa nuestro gobierno.
   1. 1. Frente a ciertos escenarios, no hay una distinción clara entre los derechos y obligaciones de los migrantes regulares y los irregulares. Por ejemplo, que el eventual derecho a la reunificación familiar sólo corresponde a los migrantes regulares, pues de lo contrario se incentiva la llegada de migrantes irregulares. Creemos firmemente que los accesos y las libertades de circulación de migrantes regulares e irregulares no pueden ser semejantes.
   1. Además, el Pacto busca flexibilizar los procesos de regularización poniendo acento en la movilidad laboral de los migrantes para permitirles cambiar de status migratorio. Esta postura incrementa el riesgo de migración irregular y de actividades transfronterizas ilícitas. Además, atenta contra nuestra exigencia de que quienes vienen como turistas actúen como tales y quienes tienen intención de quedarse en nuestro país como migrantes lo declaren así desde el inicio y no oculten sus verdaderas intenciones.
   2. El Pacto establece, además, beneficios a ciertas categorías de migrantes, como aquellos que abandonan su país por causa de desastres naturales. Esta diferenciación es artificial y no la recoge la Ley de Migraciones. Además, pone en riesgo el carácter excepcional del refugio, que Chile busca
   3. El Pacto busca facilitar la transición del status de irregular al de regular. Esto incentiva la migración irregular y atenta contra la seguridad migratoria.
   4. Se establece el deber de apoyar financiera y jurídicamente a los migrantes retornados a sus países de origen. No obstante, nosotros estimamos que eso corresponde a los países de origen y no a los países de destino. Por lo demás, Chile puede voluntariamente colaborar en la reinserción de migrantes en su país de origen, para lo cual el Gobierno diseñó el Programa de Retorno Humanitario asistida. Sin embargo, la dependencia directa y la garantía corresponden al respectivo país de origen.

4. Si bien es cierto que el Pacto no es vinculante, sus disposiciones utilizan un lenguaje de carácter vinculante. Esto deja la puerta abierta para que actores internacionales interfieran en el diseño de la política migratoria nacional, lo que atenta contra nuestra soberanía.

1. Por ejemplo, el Pacto impulsa cambios en la legislación nacional, celebración de acuerdos regionales e implementación de políticas públicas. Estos asuntos corresponden a decisiones soberanas de nuestro país y no es apropiado someter estos asuntos al escrutinio internacional, pues corresponden a la exclusiva esfera soberana de Chile.
2. También supone un riesgo para que algunos tribunales internacionales utilicen este Pacto para atribuir responsabilidad internacional del Estado a Chile

5. El Gobierno coincide plenamente en que la migración es un fenómeno de interés global que requiere de cooperación internacional. Por eso, Chile participó activamente en las negociaciones del Pacto y adoptó la Declaración de Nueva York de Naciones Unidas. Igualmente ratifica su compromiso con la defensa y respeto de los Derechos Humanos de todos, incluyendo desde luego a los migrantes, en todo tiempo, lugar y circunstancia.

No obstante, la última versión del instrumento refleja ciertos cambios que no son compatibles con nuestra política migratoria, pues no resguardan de manera adecuada los intereses de Chile en esta materia.

El Pacto no muestra un equilibrio entre los derechos de los migrantes y el derecho soberano de Chile a regular la forma en que ingresan y permanecen en nuestros países los migrantes”.