El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago aprobó hace algunos días la solicitud de embargo presentada por la Municipalidad de Maipú que retiene las ganancias que la exalcaldesa Cathy Barriga genera con la venta de contenido en la plataforma para adultos Onfayer. Esta medida se enmarca en una investigación por presunto fraude al fisco en la que se encuentra involucrada la ex edil.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, explicó los detalles de esta medida en el programa “Mesa Central” de Canal 13, donde defendió la decisión del equipo jurídico de su administración. En el espacio, Vodanovic aclaró que el embargo no responde a razones morales ni busca un impacto mediático, sino que es un procedimiento legal para cautelar fondos ante una eventual sanción.
Vodanovic defiende embargo de ganancias de Cathy Barriga en OnFayer
Frente a cuestionamientos sobre el embargo de fondos provenientes de una actividad considerada “controvertida” por algunos sectores, Vodanovic enfatizó que el tipo de negocio no influye en la decisión. “Independiente del rubro de este sitio, lo que corresponde en estos casos es embargar el dinero”, afirmó. Además, precisó que la decisión proviene exclusivamente de los equipos técnicos de la municipalidad y no de una postura política o personal.
“Estos son procesos que llevan los equipos jurídicos del municipio, la verdad es que yo no me meto mucho ahí. Sé que generó revuelo la retención de recursos en redes sociales, pero es un mecanismo que ocupan muchas defensas en caso de fraude al fisco”, explicó Vodanovic.
El jefe comunal reafirmó que el embargo responde a la obligación de resguardar fondos públicos ante la investigación. La exalcaldesa se encuentra bajo investigación por presunto mal uso de dineros municipales, y el equipo jurídico ha considerado necesario cautelar los recursos que Barriga genera a través de sus actividades en Onfayer.
“No es una decisión política mía, pero respeto el curso de los equipos técnicos”, enfatizó Vodanovic, reiterando que el embargo se enmarca en la normativa vigente para casos de malversación de fondos públicos y se toma por razones técnicas.
