
Los últimos días, los medidores inteligentes han protagonizado una particular controversia al interior de nuestro Congreso. Esta política, que busca introducir nuevas tecnologías al consumo eléctrico, ha sido ampliamente criticada por cargar con el costo de la implementación a los usuarios. Por su parte, muchos de nuestros representantes no dudaron en denunciar que se legislaba en favor de las empresas, que los culpables eran desde ex ministros hasta el Presidente de la República e, incluso, anunciaron distintos requerimientos y nuevos proyectos para modificar la reciente ley.
Sin embargo, lo que muchos no dijeron, fue que este proyecto se aprobó unánimemente en la Cámara de Diputados y con una amplia mayoría en el Senado el año 2018, dónde se indicaba que la propiedad de los medidores era de las empresas, incluyendo además una disposición transitoria que daba espacio a un aumento en las tarifas cobradas a los usuarios. Por eso, más allá de la discusión particular, llama profundamente la atención que muchos de quienes hoy condenan con fuerza esta medida, en su minuto mantuvieron silencio e, incluso, votaron a favor del entonces proyecto de ley. Esta notoria contradicción, permite vislumbrar un problema que venimos viendo hace algún tiempo: muchos de nuestros parlamentarios no leen o no saben lo que votan.
Como fuere, esta situación representa el síntoma de una enfermedad mucho más compleja: la liviandad y la poca seriedad con que algunos conglomerados y parlamentarios se toman la labor legislativa. Hace no más de una semana, la diputada Pamela Jiles dijo en los medios que no creía que hubiera una diferencia sustancial entre el Congreso y la farándula, lo que, sumado a declaraciones que otros de sus pares han manifestado en diversas ocasiones, evidencia un desprecio importante por la relevancia que tiene el mayor espacio de discusión política y de deliberación pública en Chile, como es el Congreso Nacional.
El rol que cumplen nuestros representantes en este espacio es muy importante para el desarrollo y progreso de nuestra comunidad política, debido a que son quienes piensan, discuten y elaboran nuestras leyes y nos representan como ciudadanos. Por lo mismo, es fundamental ―y a la vez un mínimo― tomarse en serio esta labor. Declaraciones como las relativas a los medidores, donde se desligan responsabilidades y se cazan culpables, lo único que logran es erosionar nuestras instituciones democráticas, a través de la pérdida del respeto por quienes las componen.
¿Cómo vamos a recuperar la legitimidad de nuestras instituciones, si existen diputados que asimilan la discusión política a la opinología farandulera? ¿Cómo vamos a recuperar la credibilidad de nuestros representantes, cuando estos no son capaces de leer y de discutir proyectos de modo informado, que aspiran a cambiar la vida de los chilenos? Urge que como ciudadanía le exijamos estándares más altos a quienes nos representan con medidas concretas, como, por ejemplo, multas por inasistencias injustificadas, o programas de fiscalización por parte de la sociedad civil; porque más que medidores inteligentes, necesitamos parlamentarios responsables.
Sebastián Boegel
Director de Desarrollo
IdeaPaís