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Como “una pésima señal” para el país, calificó la senadora Carmen Gloria Aravena, la aprobación de este martes, en el pleno de la Convención Constitucional, de la norma que crea tribunales de justicia indígena, que funcionará en un plano de igualdad con el sistema de justicia ordinario, donde potencialmente podrá haber hasta 13 sistemas de justicia paralelos.

“Lo que se aprobó ayer en la Convención sobre esta materia, de materializarse en una nueva Constitución, será el fin de la igualdad ante la ley en Chile, y provocará incertidumbre jurídica que tendrá un impacto muy negativo para el país y las personas, entre otros aspectos, porque será muy complejo administrar justicia en Chile, ya que se presentarán múltiples dificultades prácticas para su aplicación”, afirma la parlamentaria por La Araucanía.

De partida, afirma la senadora Aravena, “nuevos tribunales y sistemas de justicia paralelo requerirán de ingentes recursos para contratar el personal que se necesitará para que estos funcionen. Además, tampoco queda definido quién designará a los jueces de los tribunales indígenas y cuál será su jurisdicción y alcance, y sobre qué materias tendrán jurisdicción; si en asuntos civiles o penales, por ejemplo”.

A esto, la legisladora añade que “para nuestra Región de La Araucanía, esta iniciativa implica complicaciones mayúsculas, considerando que existen múltiples causas que hoy revisa y están en manos del sistema de justicia ordinario, pero que a futuro podrían ser conocidas por los tribunales indígenas”.

Quién va a garantizar la independencia de esos tribunales para conocer causas, por ejemplo, por usurpación de tierras, que es uno de los delitos más comunes en la región, y donde muchas comunidades mapuches reivindican la toma de predios, que según ellos les pertenecen, vulnerando el principio de propiedad privada”, añadió.

“Es más, la igualdad ante la ley se rompe al momento en que no todos los chilenos vamos a ser juzgados con los mismos criterios, lo que es particularmente grave en causas penales que podrían conocer los nuevos tribunales indígenas, ya que las penas por un mismo delito podrían ser distintas si es que la comete alguien perteneciente a los pueblos originarios o no, quedando la víctima que no pertenece a uno de estos pueblos, en la indefensión ante los tribunales indígenas”, complementó.

Otro de los puntos que cuestiona la senadora Carmen Gloria Aravena es quién va a revisar las resoluciones de esos tribunales indígenas, o quién va a preparar a abogados especializados en materias indígenas, ya que en la actualidad no existen muchos abogados capacitados en estos asuntos.

“La sola posibilidad de que convivan 13 sistemas de justicia paralelos, el actual, más el de los 10 de pueblos originarios, el Selknam y el pueblo tribal afrodescendiente hará que sea muy complejo administrar justicia en Chile y será una fuente de desigualdad ante la ley de la que esta norma constitucional no resuelve. Además, estos tribunales también podrán entregar instrucciones directas a las policías”, enfatiza Aravena.

Si la nueva Constitución se va a encaminar hacia este tipo de normas, como país iremos directo al despeñadero. Eso lo deben saber y considerar los chilenos en el plebiscito de salida, y como senadora alzaré la voz ante este intento por desmantelar al Estado chileno”, concluye la parlamentaria por La Araucanía.

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