El diputado Andrés Celis apoyó el proyecto de ley “Tolerancia Cero al acoso laboral”, que busca modificar el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción.
La iniciativa de la diputada Erika Olivera, considera, entre otros, la designación de un delegado de prevención con fuero, quien recibiría las denuncias. También incluye acompañamiento psicológico, denuncias al Ministerio Público y sanciones para el empleador si no cumple con los protocolos que se determinen.
Según se detalló, el acoso laboral en nuestro país es una realidad que se ha multiplicado en los últimos años. De hecho, la Dirección del Trabajo recibió más de 3.500 denuncias entre el 2019 y el 2020, siendo las mujeres las más afectadas y la integridad psíquica de las personas la más vulnerada.
La diputada Erika Olivera, autora de la iniciativa señaló que “este proyecto está inspirado en Karin Salgado, una tens de Chillán que, según su familia, sus colegas y un juicio que se llevó adelante, fue víctima de un intenso acoso laboral que, junto a la falta de atención médica, la habría llevado al suicidio, tal como consta en las cartas que dejó”.
Por su parte, el diputado Andrés Celis, representante del distrito 7, recordó los casos de Vanessa Araya y Florencia Elgueta: “En Viña del Mar existen dos casos emblemáticos de acoso y hostigamiento laboral, los que lamentablemente sucedieron en la misma clínica y terminaron con dos tragedias terribles”.
“Yo realicé oficios de fiscalización para saber qué medidas tomó el Seremi de Salud y el de Trabajo por este caso; interesa saber si se realizaron investigaciones o sumarios por los actos de acoso. Sin embargo, creemos que la ley no protege lo suficiente y no se hace cargo del todo de la vulnerabilidad y precariedad de trabajadores y trabajadoras como Vanessa, Florencia, Karin o muchos más. Por lo mismo es que apoyo esta iniciativa y espero que sea tramitada a la brevedad”, sostuvo.
Claudia Salgado, hermana de Karin, manifestó que “como familia buscamos justicia porque mi hermana fue hostigada hasta el extremo y no le dieron la atención en salud mental que le provocó este acoso y terminó suicidándose”.
“Desgraciadamente, el Tribunal del Trabajo de Chillán se declaró incompetente en el caso de Karin lo que deja claro que la ley no está bien porque ella está muerta y no recibió la atención médica a la que tenía derecho como trabajadora”, aclaró.
¿En qué consiste el proyecto?
Incorpora dentro del deber de seguridad o de protección que tiene el empleador la mención expresa de que este debe resguardar la salud física y mental con ocasión del trabajo, pues generalmente se ha entendido que sólo se refiere a la salud física.
Respecto de la investigación y sanción, se extienden las mismas reglas de acoso sexual al acoso laboral, siguiendo un mismo procedimiento en ambos casos y debiendo ser recogidos en sus respectivos reglamentos internos de orden, higiene y seguridad.
Se establece la obligación por parte del empleador de adoptar todas las medidas tendientes a proporcionar al trabajador o trabajadora denunciante atención psicológica especializada inmediatamente hecha la denuncia.
Se incorpora el deber de establecer protocolos de prevención y de investigación del acoso laboral (como en el sexual) al interior de la empresa.
Dentro del protocolo se designará un delegado de prevención quien será el canal de denuncia de cualquier conducta constitutiva de acoso y facilitará la atención psicológica inmediata tras la denuncia. Éste será designado por el empleador en conjunto con los trabajadores, contará con fuero coincidente con el actual fuero sindical, por la necesidad de independencia e imparcialidad que debe mantener.
Se contempla, además, la designación de un delegado de prevención suplente, en caso de que el titular no pueda ejercer el cargo, ya sea por inhabilitación o recusación.
Se establece la obligación del empleador de denunciar al Ministerio Público aquellos hechos de acoso laboral que pudieran constituir delito. Esto permite asegurar que aquellas denuncias de mayor gravedad sean investigadas por organismos públicos.
Finalmente, se contempla una sanción -que va entre las 150 a 300 UTM- en caso de incumplimiento del empleador de la obligación de confección de protocolos de prevención, investigación y sanción de conductas de acoso laboral.
La iniciativa es de la diputada RN Erika Olivera y los firmantes son las diputadas RN, Carla Morales, y Ximena Ossandón; el diputado RN, Andrés Celis; diputada PS, Daniela Cicardini; diputada independiente, Camila Musante; diputado DC, Alberto Undurraga; diputado del PC, Luis Cuello, y el diputado independiente republicano, Mauricio Ojeda.