El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle anunció que votará Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre.
A través de una declaración, el exmandatario agregó a su decisión que “exhorto a todos quienes comparten esta posición a comprometerse para cumplir con los objetivos del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019, de contar con una Nueva Carta Fundamental”.
“En tanto, Rechazo con un llamado a identificar aquellos aspectos de la propuesta de la Convención que deben ser parte de un acuerdo amplio sobre una reforma constitucional, que los incorpore en el menor plazo posible“, agregó.
Al final del texto, Frei indica que en “una historia de más de 50 años en política y de tradición republicana, hacen ineludible la responsabilidad de manifestarles a mis compatriotas la importancia de proteger nuestra democracia de iniciativas que la debiliten, sometiendo a nuestra institucionalidad permanente a la discreción de mayorías políticas coyunturales. Nuestra Patria ha aprendido de muchos dolores, hoy debemos jugarnos por un futuro que nos incluya a todos, que nos una como una sola nación con diferentes culturas, que nos garantice el orden con libertad, que respete la dignidad y promueva la igualdad de todas y todos, para el bien de las actuales y futuras generaciones”.
Los argumentos para votar Rechazo
Eduardo Frei comienza la declaración afirmando que “siempre he sostenido la necesidad de que Chile tenga una nueva Constitución, que sea más democrática, justa e inclusiva” y que “en octubre de 2020, voté a favor de que se redactara una nueva Constitución y que ese trabajo estuviera a cargo de una Convención inclusiva y paritaria”.
El exjefe de Estado valoró sobre la actual propuesta el tránsito “hacia un Estado Social y Democrático de derechos, a la ampliación de los derechos sociales, al reconocimiento de los pueblos originarios y la multiculturalidad, a los derechos de las minorías sexuales, a la supresión de las leyes supramayoritarias, y a la definición de nuevas formas de participación”.
“En lo económico respaldo el fin del Estado subsidiario. Y ciertamente, valoro el fortalecimiento de los derechos de la mujer, la preocupación más profunda por el cambio climático, y la aparición de otros derechos, particularmente aquellos asociados a las nuevas tecnologías”, agregó.
Sin embargo, “tengo discrepancias insalvables sobre varios contenidos de esta propuesta, los que considero comprometen la paz, el desarrollo y la prosperidad de nuestro país”.
El primer punto que alerta Frei es el sistema político, ya que “no establece un adecuado equilibrio y división de poderes, crea una Cámara omnipotente y está expuesto a que una mayoría ocasional que controle la presidencia y la Cámara política, pueda avanzar hacia un régimen dictatorial de los que en el mundo están siendo frecuentes”.
“Aun cuando el texto optó por mantener el régimen presidencial, se debilitaron las atribuciones del Presidente de la República, especialmente al compartir la iniciativa exclusiva para iniciar debates legislativos sobre determinadas materias, y al debilitar excesivamente su capacidad de veto. Tampoco comparto que el Presidente pueda ser reelegido”, opinó.
La segunda discrepancia “es que el texto arriesga que los jueces sean controlados políticamente a través del Consejo de la Justicia. Juzgo inadecuada su composición fuertemente política y su enorme cúmulo de facultades, que van desde el nombramiento, pasando por la potestad disciplinaria, la gestión administrativa, la revisión de sus actuaciones, su traslado y remoción. Me parece improcedente que los Fiscales Regionales sean elegidos por el Fiscal Nacional a propuesta de las Asambleas Regionales. La independencia y no politización del Poder Judicial es crucial pues cada vez más las dictaduras se inician y luego se consolidan mediante la captura de la judicatura”.
Un tercer asunto “es que, compartiendo la preocupación de la CC por la regionalización, la forma concreta de su propuesta hace que se frustre por una superposición de autonomías, de legislaciones de distinto origen, una plétora de asambleas y, además, comete el error de no haber puesto el acento en el fortalecimiento de los alcaldes y gobernadores”.
Por último, “la plurinacionalidad en la forma que está propuesta puede ser una amenaza al Estado unitario y a la igualdad de derechos de los habitantes del país. El poder que se entrega a los pueblos originarios para vetar iniciativas administrativas o legislativas, constituye un privilegio que no tiene el resto de la ciudadanía”.