Los diputados Republicanos Cristóbal Urruticoechea y Chiara Barchiesi oficiaron al Gobierno y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a raíz de la información conocida esta semana, respecto de que 418 personas reciben una pensión de gracia, que va desde $700 mil a $1 millón por parte del organismo, tras resultar heridos durante el “estallido social”.
La idea de los parlamentarios es solicitar al mismo INDH, al Ministerio de Justicia y la Subsecretaria del Interior, información respecto de estos beneficiados, en el sentido de saber si es que cometieron delitos con anterioridad al 19 de octubre de 2019.
“Queremos saber si es que estos beneficiados son o no delincuentes habituales que estarían recibiendo recursos de todos los chilenos honrados y trabajadores. De ser así, sería impresentable”, señaló el diputado Urruticoechea.
En este sentido, el parlamentario también criticó al INDH porque las identidades de estos beneficiados, que estarían en “una lista secreta”, no pueden ser conocidos, pues “están amparados bajo la causal de secreto o reserva”, por ser consideradas por el organismo como “víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social”.
“Esto, sin mediar pronunciamiento o fallo por parte de los tribunales de Justicia y con total desconocimiento de la Corte Suprema. El estallido social destruyó a empresarios, trabajadores y policías ¿Estará alguno de ellos entre las 418 personas beneficiadas?”, se preguntó el legislador por el Distrito 21, Región del Biobío.
A estas críticas se sumó la diputada Chiara Barchiesi, quien sostuvo que “definitivamente tenemos un Gobierno que nuevamente actúa escondiendo la pelota; no le basta con haber indultado a quienes destruyeron Chile en octubre de 2019, ahora sabemos además, que los estaría financiando”.
“La izquierda no renuncia a instrumentalizar los DD.HH. El instituto no puede convertirse en la caja pagadora de favores políticos y de la violencia política. Pedimos una sola cosa, pequeña: transparencia”, sostuvo la parlamentaria por el Distrito 6, Región de Valparaíso.
En este sentido, la legisladora, recordó que “por esto peleamos, por ejemplo, en la Ley de Presupuestos para quitarle el financiamiento al INDH, porque ni siquiera quieren ser fiscalizados, porque ocultan información, porque no quieren permitir que los chilenos sepan cómo gastan los recursos que les entregan o quiénes son estas 418 personas que ellos habrían informado como supuestas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, sin pronunciamiento judicial, bajo el criterio de algún operador, para que reciban pensiones de gracia”.
“Permítanme cuestionar la ‘prolijidad’ de esta calificación que le costaría al Estado miles de millones de pesos cada año. Por eso, junto al diputado Urruticoechea oficiamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Subsecretario de Justicia para que informen quiénes son estas personas y saber puntualmente si alguno de ellos tiene antecedentes penales”, finalizó.