La ministra de Salud, Ximena Aguilera, participó en la sesión de la Comisión de Salud del Senado, lugar hasta donde llegó la Asociación de Isapres, para exponer sobre la ley corta que busca poner en marcha el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores y la devolución de cobros excesivos.
Al respecto, la autoridad aseguró que “yo les planteé directamente que esperábamos una propuesta más concreta respecto de lo que ellos piensan que podría hacerse para cumplir con la sentencia, y también me parece que sería adecuado que si ellos han manifestado que las cifras no son lo que ellos creen, las plantearan de forma transparente: cómo leen ellos la sentencia de la Corte y cuáles creen que deberían ser los planteamientos para dar respuesta a la sentencia, sin saltársela”.
Respecto a si existe alguna opción de que tengan que subir los precios base de los planes para implementar el fallo de la Corte Suprema, la secretaria de Estado enfatizó en que, si bien hay que analizar todas las propuestas, eso no está dentro de las alternativas que plantea el Gobierno.
“Lo que no nos parece adecuado es que las mismas personas a las cuales la Corte ha considerado injusto que se les haya cobrado en exceso desde el año 2020 en adelante, sean las que a través de un ajuste de su precio base sigan pagando lo mismo. Ciertamente, eso no está dentro de nuestras alternativas”, aclaró.
Junto a lo anterior, la ministra de Salud recalcó que es la sentencia del máximo tribunal la que establece el monto a devolver por parte de las Isapres y no el Ejecutivo.
“Lo que dice la Corte es que la Superintendencia de Salud debe definir el modo en el que se da cumplimento a la sentencia, no el monto. El monto está definido por la misma sentencia y lo que establece el proyecto es que considerando lo que establece la sentencia, las Isapres tengan un plazo de seis meses para hacer las devoluciones”, comentó.
“Si ellos no están de acuerdo con los montos, que presenten cuáles son los cálculos que ellos tienen y que además, lo hagan ver a la Corte Suprema para ver si acoge el planteamiento que ellos tienen”, explicó la autoridad, quien además reafirmó que “justamente, todo el sentido del proyecto es tratar de dar cumplimiento a la sentencia y mitigar los efectos financieros que tiene la misma”.