Las diputadas de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, Catalina Del Real y Carla Morales, pidieron recientemente a la Contraloría General de la República que instruya la realización de una auditoría e investigación, referida a la administración de los recursos fiscales por parte de cada ministerio, en materia de convenios de trato directo u otros pagos por servicios prestados por terceros, y que pudiesen afectar los intereses del Estado.
Asimismo, y considerando la gravedad de lo ocurrido con el robo en el Ministerio de Desarrollo Social, ellas requieren que se informe si ese organismo ha instruido o emitido alguna circular referida a la forma en que cada entidad que recibe recursos estatales, por cualquier vía, debe resguardar los documentos reservados u otros de carácter administrativo contable.
Con respecto a la petición, la diputada Camila Flores indicó que “hay que entender que los ministerios son infraestructura crítica, desde mi perspectiva, y que no exista la verdadera vigilancia ni el resguardo por parte de las autoridades, habla de una negligencia absoluta“.
“Hay que resguardar estos espacios, porque se trata de información sensible, se trata de información que está relacionada con la vida de muchos de nuestros compatriotas, por lo tanto, llamo al Gobierno que intente al menos en este sentido hacer algo bien y protejan estos instrumentos, que no son parte de la propiedad de ellos, sino que instrumentos públicos de todos los chilenos”, complementó.
Por su parte, la parlamentaria Del Real expresó que “es fundamental velar por el resguardo de la información que pueda ser de importancia o sensible para la investigación, antes de que sigan ocurriendo estos misteriosos robos a dependencias ministeriales”.
Mientras tanto, la representante Carla Morales comentó que “no es normal que se vulnere así la seguridad en los ministerios, estamos hablando de dependencias gubernamentales y todo en el contexto de las investigaciones por mal uso de recursos públicos. Solicitamos a Contraloría investigar de una vez a todos los ministerios y sus organismos dependientes para que no se siga perdiendo más evidencia en estos robos“.
Cabe resaltar que el fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que los contratos investigados por el órgano persecutor suman $14 mil millones y no descarta que se cite a declarar a los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes.