AGENCIA UNO
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El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió al caso Democracia Viva aclarando si es que la fundación ha cumplido o no con la devolución de los recursos que le fueron entregados por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

“El plazo, recuerden que se contabiliza desde el momento de la notificación. Hay dos aspectos que son relevantes. El 14 de julio, el día siguiente que se dicta la resolución, la Seremía de Vivienda requirió al Consejo de Defensa del Estado, en una gestión reservada, la solicitud de una medida prejudicial precautoria, con el propósito de que los fondos que estaban en las cuentas corrientes de Democracia Viva quedaran, tuvieran prohibición de celebrar actos de contrato, en consecuencia también fueran reintegrados”, señaló.

“Esa resolución fue favorable al Fisco, representado por el Consejo, esa medida se decretó y los fondos han sido depositados en la cuenta corriente del tribunal. Anticipando que esto podía suceder, se requirió esa medida, el Consejo de Defensa del Estado en los próximos días interpondrá la acción civil respectiva”, explicó.

“Si Democracia Viva no quiere reintegrar los fondos faltantes, que son los que ellos están objetando, las acciones civiles y penales del Ejecutivo serán muy claras, así que en eso, el resguardo, como ha dicho el ministro Montes, del último peso transferido será, si no lo hacen convenientemente, bueno con las acciones civiles y penales que correspondan”, sentenció el ministro.

Por otro lado, al referirse al Caso Convenios y los dichos de la Fiscalía sobre las 47 fundaciones que presentas patrones comunes, Cordero expresó que aquello  “forma parte de la de la estrategia de investigación que desde el principio señalizó el fiscal nacional, Ángel Valencia”.

Esta consistiría, según detalló, en “tratar de encontrar patrones comunes y esos patrones son los que está arrojando la investigación que se está desarrollando en distintas regiones del país, que tiene que ver con la fecha de Constitución, con las características de ese tipo de fundaciones, con el tipo de fondos de los cuales postulaban”.

“Todos los antecedentes lo hemos ido entregando al Ministerio Público, a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado y hacer efectiva la responsabilidad de quien corresponda”, añadió.

“Hay dos cosas que nosotros hemos querido transmitir. Lo primero tiene que ver con que acá se han detectado irregularidades por parte de un grupo de personas que se han aprovechado de cierto marco de vulnerabilidad normativa que tenía nuestro sistema institucional”, remarcó Cordero.

“Pero la gran mayoría de las fundaciones que reciben fondos públicos cumplen los objetivos para los cuales esa transferencia está realizada”, sostuvo.

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