La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) recurrieron este viernes a la Contraloría General de a República que determine si existe una inhabilidad en el ejercicio del cargo de la nueva ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, quien el año 2022 en representación de la Fundación Cultural “La Agencia”, recibió cerca de $60 millones.
En concreto, se trataría de $15 millones en abril de 2022 por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel; también en mayo del mismo año recibió $18 millones desde la Municipalidad de La Pintana.
Posteriormente, en julio casi $25 millones del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos que asigna el Servicio Nacional de la Discapacidad, dependiente del Gobierno Central, y en noviembre $1,8 millones “por concepto de exhibición digital de la obra La Profesora y taller de bienestar emocional”.
Por lo anterior, además de oficiar a la ministra Arredondo para que aclare su vínculo con la fundación y solicitarle a la titular de cultura que “se abstenga de beneficiar a dicha organización”, los diputados de Renovación Nacional oficiaron al ente contralor buscando que señale si se configuraría una incompatibilidad en el nombramiento.
En el escrito, los parlamentarios indican que “la Sra. ministra integra una sociedad que es adjudicataria de recursos provenientes de una municipalidad, desempeñándose ella como su representante y muy posiblemente como trabajadora de esta, lo que permitiría afirmar que ejerce un empleo o comisión retribuido con fondos municipales“.
Así, señalan que “en dicho orden de ideas, parece ser esta norma un mandato general que prohíbe la asunción del cargo de ministro cuando se desempeña una actividad económica que es financiada con recursos fiscales, lo que parece adecuado en miras a que prevalezca la probidad y no existan conflictos de interés en el ejercicio de la Función Pública”.
Finalmente, en el escrito los parlamentarios señalan que: “Resulta evidente que la prohibición de celebrar contratos no debe entenderse solamente ex post, como exclusivamente referida a la suscripción formal, y que en la medida que la relación contractual se mantenga vigente, quien ingresa a la Administración en calidad de ministro incumple la norma constitucional de persistir dicho contrato con el Estado”.
“Sería bueno conocer si puede ejercer el cargo de ministra“
Frank Sauerbaum, jefe de la bancada, mencionó que “debemos establecer si la ministra está en condiciones de asumir el cargo, ya que al parecer hay conflictos de interés. De los recursos públicos obtenidos vía fundación ya responderá, pero en lo inmediato sería bueno conocer si puede ejercer el cargo de ministra“.
“Nuestra constitución es especialmente estricta en ello, tratándose de ministros y parlamentarios”, agregó.
Por su parte, la subjefa de bancada de RN, Marcia Raphael, dijo que “al parecer la ministra tiene juicios y contratos pendientes con el Estado que podrían ser una barrera para el ejercicio de su cargo“.
“De ahí que nos parece conveniente y necesario pedirle al contralor general que evacue un dictamen señalando si en efecto la ministra tiene una incompatibilidad para el ejercicio del cargo”, complementó.
El diputado Andrés Celis añadió que “hemos decidido oficiar a la CGR a fin de que esta pueda determinar si existe incompatibilidad entre el cargo de ministra de las Culturas y la calidad de socia -y, por tanto, propietaria- de una empresa que presta servicios al estado -en el mismo rubro- y que ha percibido y pretende seguir recibiendo recursos públicos de una municipalidad”.
“Resulta extraño que al momento de asumir el cargo no se haya evaluado el hecho que una Ministra de Estado tenga demandado a una institución pública como la Municipalidad de Providencia, ya que a todas luces esto genera un conflicto de intereses evidente”, añadió.
También subscribió contratos –vía trato directo– y convenios con diversas entidades del Estado, como Municipios y GORES, a través de empresa Arredondo y Guzmán LTDA, de la q fue socia; y de la fundación cultural La Agencia, donde fue su presidenta y representante legal. https://t.co/HhojgIPqIM
— Andrés Celis Montt (@ANDRESCELISM) August 17, 2023