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Durante el pasado Chile Day, surgió una fuerte discusión entre el ministro de Energía y los representantes de las pequeñas generadoras de electricidad. El conflicto se centró en el proyecto de ley que busca ampliar el subsidio eléctrico, lo que ha generado preocupación tanto en el sector como entre las familias chilenas que podrían verse afectadas.

Llamado a la transparencia

En medio de este panorama, la diputada Marlene Pérez solicitó una sesión especial conjunta entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, dirigido por Mario Marcel. El objetivo de la reunión es aclarar la situación y buscar soluciones que beneficien a todos los involucrados. “Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que el subsidio eléctrico no es la solución para esta crisis”, afirmó la diputada.

Impacto en las pequeñas generadoras

La diputada Pérez también señaló la falta de transparencia por parte del ministro respecto al proyecto de ley y su impacto en las pequeñas generadoras eléctricas. Según la legisladora, estas empresas han advertido sobre el riesgo de quiebra, lo que afectaría a comunas rurales que dependen de su energía. “El ministro debe transparentar la situación que están enfrentando las pequeñas generadoras eléctricas”, agregó.

Medidas urgentes

Además, Pérez solicitó que se informe sobre las medidas que el Ministerio de Energía está considerando para mitigar los riesgos de quiebra en el sector y proteger a las pequeñas empresas. La parlamentaria enfatizó la necesidad de actuar con rapidez para evitar mayores problemas.

Ampliación del beneficio

Según informaron las autoridades, el subsidio eléctrico está dirigido a las familias más necesitadas del país, con un enfoque especial en hogares encabezados por mujeres y adultos mayores. Según los datos proporcionados, el 50% de los hogares beneficiados cuenta con al menos una persona adulta mayor, y el 20% incluye una persona sujeta de cuidados.

Actualmente, se está tramitando un proyecto en el Congreso que busca ampliar el subsidio a 4,7 millones de hogares, cubriendo así al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

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