En conversación con La Mañana de Agricultura, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, se refirió al caso del empresario Alejandro Correa que fue asesinado en 2020 por reclamar la restitución de su terreno que fue tomado ilegalmente por otras personas.
“Hay una orden de demolición vigente, un fallo judicial firme desde hace más de un año y un ministerio que no lo ha hecho. No vamos a aceptar que el cumplimiento de la ley se postergue por razones políticas o electorales“, afirmó la edil.
El fallo judicial que permitiría el desalojo de 40 familias, aproximadamente, ya acumula un año de inacción y Corti critica que “el Estado no puede ser débil frente a las ocupaciones ilegales tampoco, es una pésima señal, porque ese terreno está manchado con sangre”
Además, expuso que personas pertenecientes a la toma han puesto en duda si la familia Correa son los verdaderos dueños del terreno. A la vez, la alcaldesa alegó que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) endosó la responsabilidad del desalojo a los parientes de Correa.
Corti solicitó que se haga valer el Estado de Derecho y afirmó que “pareciera que en un año electoral no conviene hacer desalojo“.
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