En el 2016 se implementó la gratuidad en la Educación Superior, beneficio que va dirigido a los estudiantes que pertenecen al 60% de los hogares con menores ingresos del país, cubriendo la matrícula y arancel durante el período que dura la carrera.
Desde que se puede acceder a la gratuidad, los estudiantes de bajos ingresos cambiaron sus preferencias al momento de postular a las universidades del país, ya que tendieron a postular a programas más costosos que antes de la existencia de este instrumento.
Además, no se encontraron estudiantes que postularan a universidades de mayor selectividad o a carreras más largas después del 2016.
Así lo reveló un estudio liderado por el Programa de Doctorado de la Universidad de Tarapacá y que fue publicado en la revista Higher Education. La investigación incluyó 384.830 postulantes de tres cohortes de egresados de Enseñanza Media (2015, 2016 y 2017) y que solicitaron acceder a 30 universidades selectivas.
Otra de las conclusiones que arrojó fue que no se modificaron las postulaciones de los estudiantes de bajos ingresos en términos de la selectividad de las universidades o de la duración de la carrera.
“Por más que ahora los estudiantes de los primeros seis deciles de ingresos tengan la posibilidad de estudiar de manera gratuita, siguen necesitando alcanzar cierto puntaje para entrar a las universidades y carreras más selectivas”, dijo Óscar Espinoza, académico miembro del claustro del Programa de Doctorado en Educación de la casa de estudios.
En cuanto a las proyecciones de esta política pública, el docente de la Universidad de Tarapacá argumenta que, a ocho años de su lanzamiento, es posible evaluar el efecto que ha tenido la gratuidad tanto en la titulación de sus beneficiarios como en sus experiencias laborales.
Gratuidad “fortalece el apoyo estatal a la educación“
El académico enfatizó que este estudio “es relevante”, ya que permite “evaluar los cambios que puede haber producido la gratuidad, dada la relevancia que ha adquirido, tanto en términos de beneficiarios como de gasto público”.
“Por ejemplo, en el 2018, año en que se extendió la cobertura de la gratuidad hasta el sexto decil, casi un 35% de los estudiantes del SUA se vio beneficiado por ella. A su vez, esto se refleja en la proporción del gasto público en educación superior destinado a financiarla, el que superó el 40% el 2019. Ante ello, se vuelve necesario evaluar las consecuencias de la gratuidad“, afirma.
“No es menor el hecho de que los titulados que estudiaron con gratuidad egresen de la universidad sin el peso que significa contraer una deuda. Asimismo, este instrumento fortalece el apoyo estatal a la educación, dando cuenta de un mayor sentido de responsabilidad ciudadana y compromiso con las comunidades”, concluye Espinoza.
