Las alarmas se encendieron en el Senado cuando varios asesores externos fueron requeridos por la PDI para que entregaran informes de respaldo de sus trabajos realizados en 2011, informa esta mañana el diario “La Tercera”.
La diligencia se enmarca en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público sobre un posible fraude al Fisco y cuyos últimos pasos apuntan a requerir directamente de asesores y centros de estudios, información de respaldo de sus respectivos trabajos.
Esto, luego de que la propia corporación negara la entrega de esos antecedentes a la fiscalía. De hecho, ayer la Comisión de Ética del Senado rechazó una solicitud de Chile Transparente para liberar la información.
Según excolaboradores del Senado, la preocupación surgió por que el ente persecutor habría ampliado el margen de la investigación, solicitando respaldos por un periodo más extenso que el requerido en su primera diligencia, la que comprendía información desde el 2015 en adelante.
Desde el PPD partió la inquietud, luego de que algunos asesores de parlamentarios fueran requeridos por la policía. Así, la mesa del Senado constató que la normativa sobre asesorías externas estaba difusa en el sitio senado.cl, determinando entonces encargar a los abogados de la corporación que elaboraran un informe en derecho que explicitara las normas y obligaciones que rigen para los asesores desde 2011.
“Consideraciones jurídicas respecto del régimen de asesorías externas en el Senado, periodo 2011-2018”. Así se titula el documento firmado por el abogado del Senado, Javier Norero, y que ya se encuentra en manos de algunos legisladores y asesores.
En cinco páginas, el texto resume los cambios regulatorios que ha determinado el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (Crap) desde su creación en 2011.
En su punto tercero, el instructivo alerta sobre un asunto considerado esencial para enfrentar la investigación: “La Ley de Presupuesto del sector público para el año 2012 declaró que los recursos individualizados en la glosa 4 -incluido el pagos de las asignaciones parlamentarias- poseían carácter de fondos de libre disposición”. Es decir, se precisa que las asignaciones podían ser gastadas libremente.
En el documento también se explica que esa situación fue variando a través de los años, pero se precisa que entre 2012 y 2015 no eran requeridos informes.
“Por tanto, en esta etapa (desde el 11 de marzo de 2012 hasta agosto de 2015) la asesoría presencial y verbal, no requería la elaboración de reporte alguno”, se afirma.
En los puntos sucesivos, el instructivo apunta a qué tipo de asesorías han estado permitidas a partir de 2015 y qué respaldos debían dejar los asesores.
“Se debe recordar que la asesoría parlamentaria, a diferencia de otras, tiene una naturaleza particular, ya que atiende a la triple dimensión de la función parlamentaria. Esto es: legislativa, política y de representación popular, y por ello es realizada por profesionales de distintas áreas y no consiste en una asesoría académica y, por tanto, no necesariamente expresa sus resultados en informes en derecho o especializados, ni tiene estándar científico”, dice el instructivo.
Luego delimita que la “asesoría parlamentaria puede adoptar una serie de formas. Desde la elaboración y recopilación de documentos de diverso tipo, a la asistencia presencial o verbal”.
Otro punto que plantea el instructivo, tiene relación con la custodia de los informes. Y en particular, respecto de esos asesores que hoy no poseen respaldos en sus computadores personales.
El texto afirma que ha sido parte de la normativa que los senadores se queden con todos los ejemplares de informes generados por sus asesores. Según la normativa vigente, esta custodia posee desde 2015 un lapso de dos años antes de su destrucción.
“Los contratos de prestación de servicios celebrados entre el asesor y el Senado contemplaron que la propiedad intelectual de los informes correspondiese a los senadores, habilitándolos para disponer de los mismos como únicos dueños de estos, pudiendo requerir al asesor todos los ejemplares”, afirma.
El presidente del Senado, Carlos Montes, explicó a La Tercera que “este instructivo o conjunto de orientaciones, es justamente para entender en lo que estamos y lo que hacemos. Y para que nadie se sorprenda frente a las preguntas que les hagan. Para que los asesores digan realmente lo que han hecho”.