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Menos atribuciones a Dorothy Pérez en su regreso a Contraloría

Este lunes retomó sus funciones la subcontralora Dorothy Pérez, quien fue reintegrada en sus funciones por fallo de la Corte Suprema, tras un largo conflicto con el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien la destituyó por una supuesta “pérdida de confianza”.

Sin embargo, el Contralor Jorge Bermúdez firmó el pasado viernes un dictamen publicado hoy por el Diario oficial, el cual le resta atribuciones a Pérez.

Según informa Emol, en el documento se deja “sin efecto la resolución N° 25, de 2018, de este origen, de manera que la delegación de la facultad de firmar las materias allí detalladas y de las atribuciones allí descritas, serán ejercidas desde la total tramitación del presente acto por el Contralor General”.

En específico, se eliminan las facultades que ejerció María Soledad Frindt, quien fue designada por Bermúdez en el cargo de Pérez en agosto pasado.

El dictamen establece que “se delegaron la facultad de firmar ‘Por orden del Contralor General’ y las atribuciones que en aquella se indican, en atención a la necesidad existente al momento de su dictación de que el Contralor General dedicara personalmente parte de la jornada laboral a las tareas de fortalecimiento institucional descritas en el Informe que se remitió mediante el Pase Interno N° 1, de 7 de septiembre de 2018, del Gabinete del Contralor General, sin que ello obstruyera el normal funcionamiento de esta Entidad Fiscalizadora”.

Además, se agrega que “la orden de dejar sin efecto todas las disposiciones que deleguen o modifiquen delegaciones, ya sea de firma o de atribuciones, en el cargo de Subcontralor, dictadas con anterioridad a la total tramitación del presente acto administrativo”.

El texto finaliza señalando que “o dispuesto en la presente resolución no afecta las delegaciones realizadas al Jefe y al Subjefe de la División Jurídica con anterioridad a la dictación de la citada resolución N° 25, de 2018″.

De esta forma, las atribuciones de la subcontralora quedaron reducidas a su labor como jueza de cuentas, según consigna Emol.

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Dorothy Pérez se reintegra a la Contraloría esta mañana

La subcontralora Dorothy Pérez volvió este lunes a ocupar su puesto en la Contraloría, llegó en silencio luego de ser restituida por la Corte Suprema tras haber sido separada del cargo por quien volverá a ser su jefe directo, el contralor Jorge Bermúdez.

“Gracias, vengo a trabajar, estoy contenta. No voy a hacer declaraciones”, sostuvo Pérez.

Recordemos que la abogada fue removida de su cargo el 20 de agosto pasado por Bermúdez, quien aludió a una pérdida de confianza luego de que Pérez fuera citada a declarar en calidad de testigo a la fiscalía por el caso del millonario fraude en Carabineros. Sin embargo, ella se negó a renunciar, por lo que el contralor declaró su cargo vacante y nominó como sucesora a María Soledad Frindt.

Por esto, Pérez presentó un recurso de protección apuntando a un artículo de la Ley Orgánica de Contraloría que señala que la única persona que la podía sacar del cargo era el Presidente de la República, previa resolución judicial.

Así, en un fallo con tres votos a favor y dos en contra, la Tercera Sala del máximo tribunal del país confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones, que acogió el recurso de protección presentado por Pérez y ordenó restituirla en sus funciones.

Entre los principales argumentos de los magistrados está que, “careciendo de sustento legal que la respalde, a causa de no ser el subcontralor un cargo de libre remoción por razones de confianza, el proceder de la máxima autoridad de la Contraloría (…) es contraria a las normas legales referidas y actualmente vigentes, en especial, el artículo 4° de la Ley N° 10.336, por lo cual el recurso corresponde sea acogido, amparando los derechos fundamentales de la persona por quien se recurre”.

La resolución dice que “el acto impugnado es ilegal y vulnera la garantía constitucional establecida en el N° 2 de nuestra Carta Fundamental, la igualdad ante la ley, que predica que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, derecho fundamental que fue desconocido a la recurrente, toda vez que para separarla de su cargo se dio aplicación a la misma disposición que se emplea para prescindir de los empleados del órgano contralor, en circunstancias que el tratamiento diverso que el ordenamiento jurídico reconoce sobre la remoción del personal superior de la institución, imponía la obligación de acudir a una disposición diferente”.

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Abogado de subcontralora Pérez por su restitución: “Debiera volver a la misma oficina”

La subcontralora Dorothy Pérez se reintegró a sus funciones en la Contraloría General de la República tras que la Corte Suprema fallara a su a favor de manera unánime, sentenciando su restitución al declarar su remoción como “ilegal”.

El abogado de Pérez, Ciro Colombara, señaló que el “fallo es lapidario” y que se “acoge plenamente nuestra posición”, por lo que se debe asumir en plenitud lo dicho por la Corte Suprema.

“Debiera volver a la misma oficina que durante todo este tiempo debió haber estado intacta”, agregó en conversación con La Mañana Interactiva de Radio Agricultura.

El abogado dijo que el trabajo de su representada debiese seguir sin problemas en la institución ya que “tenemos un estado de derecho sólido y la sentencia de la Corte va en esa línea” y que la “ley no se trata de preferencias personales” ni subjetividades.

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Contraloría: DGOP no aplicó multas al aeropuerto de Pudahuel por $75 millones

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez reveló que la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) no aplicó multas a la empresa por 1.600 UTM, equivalentes a más de $75 millones.

La auditoría fue realizada entre octubre de 2015 y enero de 2017 y mostró que la Coordinación de Concesiones de la DGOP no aplicó multas por la falta de entrega dentro del plazo de un plan de evacuación del edificio terminal de pasajeros.

De acuerdo a la investigación de la Contraloría, el inspector fiscal no propuso las sanciones al director general de Obras Públicas quien, de acuerdo a la normativa de concesiones, debe determinar su aplicación.

Tampoco propuso la aplicación de multas por el incumplimiento del concesionario para subsanar las observaciones hechas a la primera entrega al Proyecto de Ingeniería Definitivo (PID) del nuevo aeropuerto, y por no ajustarse al procedimiento previsto para efectuar la revisión del proyecto.

Además, el concesionario se excedió en el lapso dispuesto para la revisión del PID del pavimento del área de movimientos de aviones; y no observó el tiempo considerado en las bases para revisar el sistema de consultas, reclamos y sugerencias presentado por el concesionario, y el reglamento de servicio de la obra.

La Contraloría solicitó a la DGOP adoptar las medidas para que sus inspectores fiscales cumplan con las funciones que les competen y evitar este tipo de situaciones.

También pidió que se tomen los resguardos para que se lleven a cabo las exigencias establecidas en las bases y que estas tengan relación con los recursos disponibles para controlar o desarrollar cada una de las etapas o procesos que contemplan.

En forma paralela se instruyó un procedimiento disciplinario para determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas.

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Contraloría inició un sumario contra la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga

La Contraloría General de la República comunicó que iniciará un sumario contra la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, tras la denuncia realizada por concejales de la comuna y parlamentarios de oposición.

En específico, las autoridades comunales junto a los diputados Pablo Vidal (RD), Claudia Mix (Poder), Carmen Hertz (PC) y Gabriel Silber (DC) cuestionan a la edil por la grabación del polémico “kiki challenge”, en el Templo Votivo de Maipú, en el que Barriga habría ocupado un auto fiscal y personal comunal para una actividad privada.

La Contraloría informó en un comunicado que “se procedió a instruir una investigación sumaria en la Municipalidad de Maipú, a fin de determinar la existencia de alguna vulneración al citado decreto ley Nº 799, de 1974, por parte de los funcionarios involucrados en los hechos descritos en las denuncias formuladas por los recurrentes”.

Cabe recordar que esta es la quinta vez que concejales o parlamentarios recurren a la Contraloría General de la República por requerimientos en contra de la alcaldesa de Maipú.