La Fiscalía regional de Aysén ordenó la incautación de equipos y documentos desde cuatro dependencias de la Cuarta División del Ejército, por supuestos pagos indebidos a funcionarios activos y en retiro por unos 300 millones de pesos.
El fiscal regional a cargo de la investigación, Carlos Palma Guerra, afirmó que los depósitos se hacían mediante el Fondo de Ayuda Mutua (FAM), e involucraría a unas 110 personas, según detalló a Radio Cooperativa.
El persecutor agregó que “las responsabilidades siempre son personales, no existen responsabilidades por mando desde el punto de vista jerárquico. Va a haber algunas personas que tomaron decisiones, ordenaron y crearon estas formas de pagar los fondos y otras que efectivamente lo hicieron operativo. En ambos casos son autores”.
La Contraloría General de la República determinó que los pagos por viáticos derivados de comisiones de servicio dentro del país, y por contrato de honorarios, no eran reales.