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AFPs inician este viernes proceso de solicitudes para pedir el bono de $200 mil pesos

Desde este viernes, algunas Administradoras de Fondos de Pensiones, comenzarán el proceso para solicitar el bono de $200 mil pesos, para todos los afiliados que se quedaron sin saldos en sus cuentas de capitalización individual durante el primero o segundo retiro del 10%.

En ese sentido, la gerenta de Desarrollo y Educación Previsional de la Asociación de AFP, Isabel Retamal señaló que “las administradoras ya entregaron a Tesorería General de la República la nómina de las personas que califican a este beneficio”.

“De manera paralela y de acuerdo a lo establecido en la norma, las AFP han informado los potenciales beneficiarios”, agregó.

En esa línea, la representante expresó que “entendiendo la necesidad de llegar rápido con este dinero a los afiliados y pensionados, es que las administradoras han habilitado gradualmente las plataformas para realizar la solicitud, proceso que comienza estos días, de acuerdo a los plazos establecidos por ley”.

Cabe señalar que, las AFP Cuprum y Provida fueron las primeras que habilitarán sus plataformas para solicitar el bono de $200 mil pesos.

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AFP se adelantan y habilitan las plataformas para realizar el tercer retiro del 10%

A partir de este lunes, los afiliados podrán realizar la solicitud para retirar el tercer retiro del 10%. 

Este proceso, que estaba pactado para su inicio a partir de las 9 de la mañana, sin embargo las AFP ya habilitaron las plataformas para realizar esta opción.

Algunas administradoras como Habitat y Cuprum habilitaron sus sitios web en la madrugada de esta jornada. A eso de las 05:30 horas el resto de las AFP ya tenían las plataformas operativas.

Cabe señalar que, se esperan cerca de 10 millones de solicitudes del tercer retiro del 10%, lo que generaría una movilidad de 19 mil millones de dólares.

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Superintendencia de pensiones multó a seis AFP por irregularidades: los dineros irán al fisco

Este viernes la Superintendencia de Pensiones informó la sanción por un total de 13 mil Unidades de Fomento (UF), cerca de 400 millones de pesos, a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) Capital, Habitat, Cuprum, Modelo, Planvital y Provida, por irregularidades en los procesos de consultas y ofertas de montos de pensión.

Esta determinación llega, luego de una investigación que comenzó en 2018 y detectó irregularidades cometida por asesores previsiones y agentes de ventas de compañías de seguros en operaciones realizados en el Sistema de Consulta y Ofertas de Montos de pensión.

En ese sentido, la autoridad multó a estas AFP, tras establecer que no actuaron con diligencia en el cumplimiento de la regulación respecto al control que debían ejercer para asegurar la autenticidad de los certificados de ofertas y montos de pensiones.

También se resolvió que, dos administradoras resultaron agravantes por no contar con los respaldos de documentación en los respectivos expedientes de pensión en algunos casos investigados.

Cabe señalar que AFP Capital y Habitat fue sancionada con 2.500 UF. En tanto, Cuprum, Modelo, Planvital y Provida, fueron multadas con 2.000 UF.

Estas sanciones serán llevadas al fisco y fueron notificadas a los investigados en inicio de esta semana.

 

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Corte Suprema rechaza retiro de fondos de la AFP que solicitó profesora

La Corte Suprema rechazó el retiro total de fondos que solicitó la profesora María Angélica Ojeda a la AFP Cuprum, revocando la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

De acuerdo al fallo, el dinero en los fondos previsionales tienen “un destino único y exclusivo, limitado al otorgamiento de pensiones bajo una de las modalidades que contempla la ley”.

Además, la corte argumentó que el sistema esta regido por el Decreto Ley 3.500, por lo que la solución a una solicitud como esa debe pasar por “la reforma o enmienda de dicho sistema previsional, asunto que, necesariamente, debe ser objeto de análisis en sede legislativa”, tal como sucedió con el retiro de 10%.

Según consignó Pulso, el ministro de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Pedro Pierry, además criticó a la Corte de Apelaciones por el caso. Según constata el fallo, Perry “tuvo presente para concurrir al fallo, además, que al acoger el recurso de protección la Corte de Apelaciones de Antofagasta ha fallado contra texto expreso, excediendo las facultades legales y constitucionales entregadas al Poder Judicial, siendo la función de los jueces la de aplicar las leyes, aunque, en su personal opinión, sean injustas o socialmente inadecuadas”.

Añade que “a entender de quien formula este voto particular (Perry), la democracia es el gobierno de la ley, no el de los jueces, y la sociedad espera de ellos que, entre su conciencia y la voluntad del pueblo expresada a través de sus representantes elegidos, los jueces opten siempre por ser fieles a la ley. Como se ha señalado reiteradamente: ´ay de los países en que los que gobiernan son los jueces´”.

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Corte de Apelaciones ordena a AFP a entregar totalidad de fondos a profesora jubilada

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección interpuesto por María Angélica Ojeda González y ordenó a la AFP Cuprum S.A. a pagar a la profesora jubilada el total de los fondos de capitalización individual que tiene ahorrados.

El fallo unánime establece que “si la capitalización individual del recurrente, que corresponde a un porcentaje de la remuneración obtenida durante su período activo laboralmente, cuyo trabajo representa el aporte que ha hecho a las necesidades de la sociedad, de donde se ha visto beneficiada la comunidad toda y especialmente, los empleadores como consecuencia del trabajo realizado, resulta contraproducente que sea únicamente el trabajador que no recibe aporte estatal, ni menos del empleador, acumulando una suma de dinero para financiar su propia vejez, en circunstancias que del trabajo realizado se benefició tanto la comunidad como el propio empleador (…)”.

La resolución agrega que “(…) no puede concluirse que exista sensatez o medidas adecuadas en el Sistema de Pensiones respecto de una trabajadora que a la luz de las cotizaciones efectuadas que equivalen nada menos que al 10% de su remuneración, durante dieciocho años, no le permitan una jubilación suficiente para sufragar su crédito hipotecario, manteniendo sí, el lucro de las Administradoras de Fondos de Pensiones como también el de Bancos e Instituciones financieras para adquirir una vivienda, lo que significa que su detrimento ha sido en beneficio de estas instituciones sin la debida correspondencia (…). 

Para el tribunal de alzada : “(…) de las distintas regulaciones efectuadas al Sistema de Pensiones, aparece que los trabajadores que no han cotizado o lo han hecho en menor medida, como también aquellos que lograron una capitalización individual mucho menor a la recurrente, obtienen beneficios estatales que al final de cuentas, logran ingresos superiores frente a la trabajadora en las condiciones que ya se ha expuesto y que por lo mismo, la decisión de no devolver los fondos para lograr pagar el crédito hipotecario y adquirir la vivienda, se torna arbitraria en las circunstancias concretas de este conflicto, de manera que la única medida racional desde que aún se desconoce con exactitud el monto de la capitalización individual a partir de la cual genera los beneficios estatales de pensiones solidarias, no es más que disponer la devolución de los fondos, sin perjuicio de que el organismo administrativo en el futuro, le otorgue una pensión mínima que surja de la solidaridad y que no impida superar la crisis económica y doméstica que sufre actualmente”.

Por tanto, se resuelve que: “SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido por María Angélica Ojeda González, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., quien deberá dentro de décimo día hábil, de ejecutoriada esta sentencia, proceder a girar la suma de dinero que a esa fecha represente la totalidad de los fondos de capitalización individual que tenga en su cuenta la recurrente, quedando sin efecto la pensión de vejez y sin perjuicio de la decisión de los organismos administrativos para el otorgamiento de una pensión mínima solidaria, si procediere”.

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Caso de profesora jubilada en el TC que pide sus fondos de AFP “podría tener consecuencias de políticas públicas”

El Tribunal Constitucional (TC) informó este martes que acogió a trámite el requerimiento que dice relación con el caso de una profesora jubilada, quien quiere retirar su ahorro previsional para poder pagar sus deudas. El texto fue enviado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta para que el TC se pronuncie sobre si es “aplicable” o no el decreto Ley 3.500 que estableció el actual sistema de AFP.

Lo que está pidiendo María Angélica Ojeda es que la AFP Cuprum le devuelva los 46 millones de pesos que ha almacenado en su trayectoria laboral, ya que con los $185 mil que recibe de pensión actualmente no alcanza a subsistir. De hecho, paga $200 mil en su propiedad.

El académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor, Juan Ignacio Ipinza, habló con “El Rompecabezas” de Agricultura sobre las consecuencias de este futuro dictamen, ya que tanto del Gobierno como de las AFP prevén que esto vendría a romper todo el sistema.

“Ha sido un mazazo jurídico para todos quienes nos abocamos al tema del constitucionalismo en Chile y al derecho público”, comenzó diciendo Ipinza.

El abogado explicó que este caso “se inicia por un recurso de protección y este recurso es de una naturaleza inminentemente cautelar, es decir, si alguien se ve perturbado de un derecho de los que se encuentran consagrados en la Constitución, tiene el derecho de ir a tribunales para que restituya el imperio del derecho”.

Teniendo en cuenta eso, “lo que ella pide es que se le restituyera con la posibilidad de disponer de manera arbitraria sobre los fondos que ella acumula en los fondos de su cuenta de capitalización individual”.

A su parece, “los argumentos si bien son atendibles, van un poquito mucho más allá que la norma de derecho de dominio establece”, ya que “este derecho tiene limitaciones, al igual que todos los derechos fundamentales“, dijo en entrevista con Cristina González.

CRISTINA GONZÁLEZ: Pero el Ministro Monckeberg dice que si bien la Constitución establece el derecho de propiedad sobre los fondos, también establece la cotización obligatoria sobre las pensiones, entonces comienzan a chocar dos normas…

IPINZA: Habría un conflicto de derecho eventualmente si lo ponemos desde esa perspectiva.

Explicando más a fondo, el abogado advirtió que la AFP no entregó esos fondos porque el decreto ley 3.500 “no la faculta para ello, sino que “solo para entregar pensiones y prerrogativas que la ley establece”.

CG: Parte del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta dijo que “impedir el retiro de fondos vulnera la Constitución”.

I: – Sí, pero ojo esto es un requerimiento al TC, no un fallo definitivo. El Tribunal Constitucional va a conocer la constitucionalidad de la norma, va a ver si el recurso de protección tiene real asidero jurídico o no, si hay violación de derecho de propiedad.

A juicio del experto, “hay buenos argunmentos para decir que esto no seria tal”, ya que en el caso del recurso hay un requerimiento legal que pide un plazo, el que según la afectada sería a contar desde que la AFP negó devolverle sus fondos, pero que también podría ser desde que se le comenzó a descontar la cotización.

Respecto a cómo se dirimirá esta compleja situación de la profesional que ganaba $1.200.000 y recibe de pensión 185 mil pesos, el abogado dijo que esto podría tener consecuencias mayores.

“Lo que yo creo que pueda pasar, me aventuraría a decir que es bastante complejo que este requerimiento de inaplicabilidad prospere. Además de los argumentos juridicos hay un argumento que tiene que ver con el efecto cascada. ¿En qué sentido? Estamos frente a una figura en la cual el Estado a través de las AFP que son privadas recaudan fondos que son de propiedad de los afiliados”, dijo.

En este sentido, “si se declara que se vulnera el derecho de protección, ¿qué me impediría a mí alegar de hecho y derecho en otro tipo de caso? Por ejemplo, el caso del seguro de cesantía, que es un caso similar. Estoy haciendo un paralelo, ya que además de consecuencias jurídicas podría tener consecuencias de políticas públicas”, advirtió.

En resumen dijo que el caso “eventualmente tiene asidero… pero me centraría en los argumentos jurídicos”.