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Fiscalía de Alta Complejidad abrió investigación tras incidente en La Araucanía

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía abrió de oficio una investigación tras el incidente registrado esta jornada durante la visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a la comunidad de Temucuicui.

Así fue informado por el fiscal jefe, César Schibar, quien detalló que el “camino se encontraba cortado esta ruta por un vehículo que estaba siendo afectado por el fuego, finalmente se escucharon algunos disparos”.

“En ese contexto se aplicaron los protocolos respectivos para retirarse del lugar, como Fiscalía se dispuso la comparecencia del OS-9 de Carabineros y el Laboratorio de la misma institución con el objeto de determinar la existencia del delito y también la participación respecto de los imputados”, declaró Schibar.

Asimismo, señaló que “en ese contexto la calificación jurídica que, preliminarmente se ha realizado, es del delito de incendio de un vehículo particular, atentado a la autoridad y disparos injustificados, sin perjuicio de que esta calificación pudiese variar a la luz de los antecedentes que pueden ser recabados en virtud de las diligencias dispuestas por la Fiscalía”.

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Fiscalía de Alta Complejidad asumirá la investigación del caso sobre la tercera dosis del presidente de la CLC

Este viernes, la Fiscalía Metropolitana Oriente anunció que la unidad de Alta Complejidad se encargará de investigar la denuncia que involucra a Alejandro Gil, el presidente del directorio de la Clínica Las Condes. Esto luego de que exigiera que le administren una tercera dosis contra el Covid-19.

Al respecto, el fiscal Felipe Sepúlveda señaló que el caso se está investigando bajo el concepto de “apropiación indebida”, y que además se estudia la posible involucración de más personas en el hecho.

En ese sentido, el persecutor recalcó que “hay una denuncia que presentó el Ministerio de Salud relacionada (…) con que un directivo de la Clínica Las Condes habría recibido una dosis adicional de la vacuna Pfizer, destinada para combatir el coronavirus conforme al plan de vacunación del Ministerio de Salud”, señalo el persecutor.

La acción judicial fue oficialmente ingresada este viernes por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y su par de la Prevención del Delito, Katherine Martorell.

En esta se asegura que la exigencia del presidente del directorio se produjo “contraviniendo los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria”.

En la misma línea, el Sepúlveda aseguró que “la Fiscalía va a comenzar una investigación con el fin de determinar si es que estos hechos son constitutivos de algún delito, como también si hay personas que participaron en el mismo en calidad de autores, cómplices o encubridores”.

Según las primeras informaciones, se entiende que el hecho fue denunciado por una funcionaria de la clínica (que posteriormente fue despedida), quien mediante un formulario informó del “Evento de Error de Programación” a la Seremi Metropolitana de Salud.

Sumado a esto, la entidad mencionada anteriormente, está comandando un sumario sanitario a la Clínica Las Condes, para investigar los hechos en profundidad.

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Moya presentó recurso de protección contra 2 fiscales por allanamiento a su casa

El fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la región de O’Higgins, Sergio Moya, presentó un recurso de protección por presuntas irregularidades en el allanamiento a su domicilio, efectuado el 8 de mayo pasado en el marco del caso Huracán.

Según informa 24 Horas en su portal, el recurso está dirigido contra el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y el fiscal adjunto de la Fiscalía de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la región de Coquimbo, Ricardo Soto, quienes indagan una presunta filtración de antecedentes a Carabineros por parte de Moya.

El recurso fue ingresado en la Corte de Apelaciones de Rancagua, y en el texto el fiscal Moya denuncia “una ejecución arbitraria de orden de entrada y registro a su domicilio particular y apartada de la ley”.

Según señala el documento, un equipo de la “Fuerza de Tarea de la PDI del caso Huracán” ingresó a las 5.30 horas al pasaje donde se encuentra su casa, inhabilitando el sistema de seguridad del portón de acceso.

El escrito consigna que los funcionarios llegaron acompañado del fiscal Soto, quien aseguró contar con una orden verbal de la jueza de Garantía de Temuco, Viviana García.

“Sin embargo, no portaban documento alguno dicha orden (…) ni tampoco pudieron responder si se había habilitado horario especial, ni si tenían facultades para descerrajar, como ocurrió con el portón de acceso principal al pasaje”, afirma el recurso de Moya.

El fiscal agrega que la diligencia se extendió por cerca de 10 horas, incautándose especies personales de su propiedad, de su esposa e hijos.

“La diligencia y su forma de ejecución aparecen como totalmente desproporcionados, considerando que – como se ha dicho- lo que se buscaba era un correo electrónico, que ya estaba a disposición de la investigación”, sostiene el persecutor.

En el recurso Sergio Moya solicita a la Corte declarar declarar ilegal y arbitraria la diligencia, además de la devolución de las especies incautadas, la prohibición de la extracción y divulgación de la información, “ya sea que se encuentren en poder del Ministerio Público, policías, intervinientes o cualquier tercero”.

ATON.

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Fiscal de Alta Complejidad indagará muerte de 2 pacientes en el Hospital El Pino

La fiscalía de Alta Complejidad comunicó que la fiscal adjunta Paola Zárate Esguep se hará cargo de la investigación la muerte de dos pacientes en el Hospital El Pino.

El pasado lunes el tribunal de garantía de San Bernardo decretó la prisión preventiva de un paramédico imputado de homicidio calificado de Carmen Miranda Jimenez y Pedro Deucaman Namuncura, ocurridos el 31 de julio, en centro asistencial de la misma comuna.

Además, el fiscal Jefe de San Bernardo, Gamal Massú, formalizó al funcionario por los delitos de malversación de caudales públicos y el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

Estos últimos 2 delitos se establecieron luego de que en el domicilio del imputado se encontraran medicamentos propios del hospital, algunos de los cuales están sujetos a control de la ley 20.000, conocida como ley de drogas.